Playa del Carmen.— Una lluvia ligera es suficiente para que la ciclovía de la Avenida 10 en Playa del Carmen se convirtiera otra vez en un espejo de agua. Charcos profundos, reflejos de postes y comercios, y peatones o ciclistas que deben esquivar el agua. El contraste es brutal: la misma vialidad que el Ayuntamiento presentó como ejemplo de modernización y movilidad sostenible sigue sin resolver un problema elemental de drenaje pluvial.
La primera etapa de remodelación y repavimentación de la Avenida 10 Norte (tramo de Constituyentes hacia CTM) costó 43.6 millones de pesos del FORTAMUN, según el propio Ayuntamiento. Inició en septiembre de 2025 y la presidenta municipal Estefanía Mercado la inauguró el 6 de abril de 2026. El discurso oficial habló de banquetas amplias, ciclovía bidireccional, alumbrado, señalización y, de manera explícita, pozos de absorción para evitar encharcamientos. Una rehabilitación previa de la ciclovía en el tramo de la 1era Sur a Constituyentes se adjudicó por casi 7 millones de pesos a Tepacons en licitación de finales de 2024. Aun así, en octubre de 2026, comerciantes del centro reportaban que una llovizna volvía a inundar las calles por falta de desnivel y mantenimiento de los pozos. “Nuestras calles se inundan cada vez que cae la lluvia porque el gobierno municipal no realiza mantenimiento de los pozos de absorción”, declaró un comerciante a medios locales. Otro ciudadano lo resumió con dureza: cada gobierno prefiere promocionar su imagen en lugar de optimizar los servicios públicos.
El problema no es solo técnico. Es de gestión y de credibilidad. Mientras se invierten decenas de millones en una vialidad que no drena, el Ayuntamiento ha mostrado opacidad sobre el desglose preciso de esos recursos, los criterios de adjudicación y los contratos de supervisión. En una ciudad cuyo sistema pluvial depende de más de cinco mil pozos de absorción, la reiteración de encharcamientos con lluvias menores sugiere que o los pozos nuevos no funcionan como se prometió, o el mantenimiento posterior es inexistente. Ambos escenarios apuntan a la misma falla: se gasta, se inaugura y se pasa a la siguiente foto.
Esa ineficiencia se inserta en un contexto más amplio de inestabilidad y sospechas dentro del propio gobierno. En mayo de 2026, el tesorero municipal Javier Regalado Hendricks presentó su renuncia irrevocable. Horas antes, policías municipales habían retirado por la fuerza de su oficina al director de Desarrollo Urbano, Óscar Emmanuel Gallardo Escamilla. Se reportaron fricciones internas, señalamientos de una red de cobros y extorsiones que involucraba a familiares del tesorero, y un entorno de pasivos circulantes elevados (reportes posteriores hablaron de cifras cercanas a los 889 millones en cuentas por pagar a corto plazo). Estefania Mercado negó en su momento una crisis fiscal, descartó auditorías inmediatas y aseguró que las finanzas estaban sanas. Más adelante reconoció que la Contraloría investigaba y que, de confirmarse delitos, se llegaría “hasta las últimas consecuencias”. El relevo lo asumió Guillermo Brahms González, hasta entonces oficial mayor. No fue el único ajuste: otros funcionarios salieron o se separaron por procesos internos de Morena, como Arturo Castro Duarte de la Secretaría de Gobierno.
Los ciudadanos que navegan los charcos de la Avenida 10 no piden milagros. Piden que una obra de más de 43 millones de pesos cumpla con lo básico: que el agua se vaya y que las calles sean transitables. Mientras el Ayuntamiento prioriza inauguraciones, discursos de reelección y cambios de gabinete, el resultado concreto sigue siendo el mismo: una ciclopista cara que se llena de agua con la primera lluvia. Menos reflectores y más resultados no es un eslogan; es la exigencia mínima cuando el dinero público se invierte en infraestructura que no funciona.