Colegio ECAB Cancún: Víctimas de abuso sexual asisten a la audiencia; el profesor denunciado, José Enrique Velasco Garibay, se ausenta

La denuncia involucra no solo a Velasco Garibay, sino también presuntas complicidades de su esposa, Camila Simhon, fundadora y directora del ECAB.

Cancún, Quintana Roo, 28 de octubre de 2025 – Con voz temblorosa pero firme, Natalia Carrillo Perea, una de las tres ex alumnas que denuncian al profesor José Enrique Velasco Garibay por violación y abuso sexual infantil en el Colegio ECAB, se presentó este martes ante los medios en el Palacio de Justicia de Cancún. Representando a las víctimas y sobrevivientes del caso, Natalia compartió su testimonio en el marco de la primera audiencia, donde se evalúa si la denuncia, presentada en marzo de 2024, procede o será desestimada por prescripción. “Estamos aquí esperando que el juez determine si el caso va a ser desestimado o no”, expresó Natalia, visiblemente nerviosa, mientras aguardaba el inicio de la sesión.

Natalia, hoy madre de tres niñas, relató cómo a los nueve años, en 1992, ingresó a cuarto de primaria en el Colegio ECAB y se convirtió en blanco del entonces maestro de Español, José Enrique Velasco Garibay, de 36 años en ese momento. “Los hechos sucedieron del 92 al 93 conmigo, y con otra de las víctimas por 94, 95, en varios momentos”, detalló. Según su testimonio, los abusos ocurrieron en el salón de clases, durante la mitad del día dedicada a clases de español. “Legalmente se le llama violación porque él me penetró con su dedo, pero sí, eso es lo que sucedió enfrente de mis demás compañeros y era un premio. Yo lo creía que era un premio porque era una niña y no sabía nada”, confesó con crudeza, enfatizando la manipulación que ejerció el agresor sobre su percepción infantil.

La denuncia involucra no solo a Velasco Garibay, sino también presuntas complicidades de su esposa, Camila Simhon, fundadora y directora del ECAB, quien fungía como psicóloga del plantel. “Ella nos encontraba cuáles éramos las mujeres vulnerables y de a quién agarrarse para entonces podernos entregar a Enrique. Eso era lo que sucedía”, acusó Natalia, señalando un patrón sistemático de selección de víctimas: niñas de familias con carencias emocionales, como madres solteras o padres ausentes. “Todas sufrimos estos abusos cuando éramos niñas. Ahora sí que cuesta mucho trabajo y muchos años agarrar la fuerza para salir adelante y levantarnos y poder meter la denuncia”, añadió, recordando el acoso que enfrentó en redes sociales tras su primera denuncia pública. “Yo primero lo hice por redes sociales y sufrí mucho acoso por Camila Simhon porque empezó a decir que yo era una mentirosa, etcétera”.

Junto a Natalia, Carolina C. y otra ex alumna —quienes formalizaron la queja ante la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad Sexual de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE)— buscan justicia por hechos que se extendieron hasta el 2000 en algunos casos. Apoyadas por colectivos feministas como Mujeres Libres (Muli Fuerza Ixchel) y Malinches Ingobernables, y la abogada Lizbeth Lugo Hernández, las víctimas insisten en que el caso no debe prescribir. “En Quintana Roo hay cierto estatuto, pero federalmente es diferente. Realmente no podemos ahondar más en nuestra defensa, pero sí podemos decir que el juez tiene todo el poder de hacer legítima esta denuncia, porque es una denuncia completamente legítima”, argumentó Natalia. “A pesar de que pasó hace muchos años, no debería de prescribir de ninguna manera en ningún estado el abuso sexual infantil porque las niñas crecemos y seguimos cargando con las consecuencias de ese abuso por el resto de nuestras vidas”.

La posible desestimación, según expertos consultados, radica en el plazo de prescripción para delitos sexuales contra menores en Quintana Roo, que en su momento era de hasta 10 años tras la mayoría de edad de la víctima, aunque reformas federales recientes en la Ley General de Víctimas y el Código Nacional de Procedimientos Penales buscan extender protecciones para casos retroactivos. Sin embargo, las denunciantes apelan a la gravedad perpetua del trauma: “Las niñas crecemos y seguimos cargando con las consecuencias”.

Velasco Garibay no se presentó a la audiencia, lo que podría derivar en medidas en su contra, como una orden de aprehensión o notificación por rebeldía.

“Somos tres las que pudimos meter la denuncia. Digo, hay muchas más”, reveló Natalia, invitando a otras posibles sobrevivientes a unirse vía el perfil “Me too ECAB” en Instagram y Facebook.

“¿Cómo se siente hoy? Muy nerviosa y esperando que el juez nos dé justicia”, concluyó Natalia, pidiendo a los reporteros que esperaran la resolución para informar el desenlace.

“Si nos esperan para que les digamos qué nos dice el juez, se los agradeceríamos muchísimo”. Mientras la audiencia se desarrollaba a puerta cerrada, su testimonio resuena como un llamado urgente a reformar los marcos legales para que el silencio de décadas no silencie la verdad. Este caso, que ha impactado a la comunidad educativa de Cancún desde su visibilización en febrero de 2024, subraya la necesidad de mecanismos preventivos en escuelas y la impunidad que aún rodea los abusos históricos. Las palabras de Natalia Carrillo Perea no solo buscan reparación personal, sino un freno definitivo a un ciclo de violencia que, según las víctimas, “ha continuado” por más de tres décadas.