Congreso de QR perderá 50% de presupuesto con el Plan B de Sheinbaum; regidurías sin cambios; tope salarial y pérdida de prestaciones en IEQROO y TEQROO
En resumen, el Plan B representa para Quintana Roo una reforma con dientes reales en el Legislativo estatal
Cancún.— El Plan B de la reforma electoral presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum este martes tendría un impacto principal y significativo en Quintana Roo centrado en la reducción del presupuesto del Congreso local, según análisis del decreto de Egresos 2026 y las propuestas anunciadas por la mandataria y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.
1. Reducción drástica del presupuesto del Congreso local (impacto principal)
El Poder Legislativo de Quintana Roo cuenta actualmente con una asignación de $768,858,982 (incluyendo la Auditoría Superior del Estado), lo que representa aproximadamente el 1.424% del Presupuesto de Egresos total del estado para 2026 ($53,981,792,386).
El Plan B impone un tope presupuestal del 0.7% del egreso estatal para los congresos locales. Aplicado a Quintana Roo, esto equivaldría a un máximo de alrededor de $377-380 millones, lo que implicaría un recorte de cerca del 50-51% (aproximadamente $388-391 millones menos). Algunos reportes locales estiman una reducción efectiva del 30% en términos prácticos (alrededor de $160-200 millones ajustados), pero el tope constitucional forzaría ajustes profundos en gastos operativos, sueldos, personal de apoyo, bonos y funcionamiento general del Congreso y la Auditoría Superior.
Este sería el cambio más concreto y cuantioso para el estado, alineado con el principio de austeridad republicana del gobierno federal. Los ahorros se destinarían, según el Plan B, a obra pública en municipios y entidades.
2. Reducción de sueldos y prestaciones en instituciones electorales locales (impacto secundario)
En segundo plano, pero también relevante, el Plan B establece que ningún funcionario de órganos electorales locales (como el Instituto Electoral de Quintana Roo - IEQROO - y el Tribunal Electoral del Estado - TEQROO) podrá ganar más que la Presidenta de la República, eliminando bonos, seguros de gastos médicos mayores e ingresos adicionales.
Aunque no hay datos públicos actualizados al 2026 sobre salarios exactos de consejeros del IEQROO (tabuladores previos los colocaban por encima del tope presidencial en algunos casos), esta medida obligaría a ajustes en remuneraciones y prestaciones de consejeros, magistrados y altos funcionarios electorales locales. El IEQROO ya prepara un análisis interno de alcances operativos ante el Plan B, lo que sugiere impactos en su estructura y atracción de perfiles. Los ahorros se redirigirían a infraestructura pública.
3. Posible uso político de la revocación de mandato en 2027 (impacto terciario)
En tercer plano, el fortalecimiento de la revocación de mandato —que el Plan B propone adelantar potencialmente al tercer año del sexenio (2027)— podría tener repercusiones indirectas en Quintana Roo. Esto permitiría a Sheinbaum realizar una campaña activa por su ratificación en 2027, lo que algunos analistas interpretan como una oportunidad para impulsar la imagen del proyecto de la 4T y, de paso, al candidato de Morena rumbo a la gubernatura estatal en 2027 (actual gobernadora Mara Lezama concluye su mandato ese año).
Aunque no altera estructuras locales directamente, un éxito en la revocación podría generar un “efecto arrastre” en el estado, fortaleciendo a Morena en la sucesión gubernamental. Gobernadores de la 4T (incluyendo Quintana Roo) han respaldado el Plan B, pero con énfasis en mecanismos de control popular.
Los demás elementos del Plan B —como límites a regidurías (ya en máximo 15 en Benito Juárez sin cambio), sindicaturas (ya limitadas a una) o mayor fiscalización de partidos— no generan impactos serios en Quintana Roo, ya que las estructuras locales ya cumplen o superan mínimamente esos topes.
En resumen, el Plan B representa para Quintana Roo una reforma con dientes reales en el Legislativo estatal (recorte presupuestal mayor), ajustes moderados en el ámbito electoral local y un posible beneficio político indirecto para Morena en 2027, más que una transformación estructural general del sistema electoral. El avance dependerá del Senado, donde Morena y aliados buscan impulsarlo.