Dan 87 años de prisión a policía ministerial por secuestro de dos personas en Cancún
Fonseca Contreras conocía la ubicación de las víctimas en el centro nocturno y, en complicidad con Roberto “N”, alias “Puebla”, acordó actuar en contra de las víctimas.
Cancún.— José Luis Fonseca Contreras, expolicía ministerial de la Fiscalía General del Estado, fue sentenciado a 87 años y seis meses de prisión por la privación ilegal de la libertad de Diana García Rivera y Jorge Armando Kiau, jóvenes desaparecidos desde el 22 de febrero de 2020.
La jueza dictó la sentencia condenatoria el pasado 6 de junio y este lunes la Fiscalía General del Estado dio a conocer oficialmente, a través de un comunicado, la duración de la pena.
Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 22 de febrero de 2020, cuando las víctimas se encontraban en la discoteca Imperio, ubicada en la plaza Infinity de Cancún. De acuerdo con las investigaciones, un grupo de personas llegó al lugar y privó de la libertad a los jóvenes. Desde ese momento, sus familiares perdieron todo contacto con ellos y hasta la fecha se desconoce su paradero.
Las indagatorias establecieron que Fonseca Contreras conocía la ubicación de las víctimas en el centro nocturno y, en complicidad con Roberto “N”, alias “Puebla” (actualmente vinculado a proceso), acordó actuar en su contra. Entre los móviles identificados se encuentran conflictos personales, problemas económicos y un atentado que el propio acusado sufrió en abril de 2019, el cual atribuía al joven Jorge Armando Kiau.
Fonseca fue detenido el 30 de diciembre de 2023 en el municipio de Pichucalco, Chiapas, donde cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra.
Además de la pena privativa de la libertad, el expolicía deberá pagar una multa de 1 millón 216 mil 320 pesos. Por concepto de reparación del daño, deberá entregar 623 mil 493.20 pesos por cada una de las víctimas.
En entrevista reciente, Romana Rivera, madre de Diana García Rivera y dirigente del colectivo “Verdad, Memoria y Justicia”, calificó la sentencia como un “voto de justicia” para todas las familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos.
Esta condena representa un avance significativo en uno de los casos de desaparición forzada más relevantes en Quintana Roo, aunque las víctimas continúan sin ser localizadas.