Demandan al INAH: Desmantelaron y modificaron 47 monumentos arqueológicos durante la construcción del Tren Maya en Quintana Roo
Sánchez Sánchez explicó que la querella señala a 26 funcionarios del INAH que intervinieron en las distintas fases del Proyecto de Salvamento Arqueológico.
Chetumal.— El Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia (SNPICD) del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el exdirector general Diego Prieto Hernández y otros 25 servidores públicos, por presuntas irregularidades en el manejo del patrimonio arqueológico maya durante las obras del Tren Maya y la creación del parque Balam Tun.
De acuerdo con los denunciantes, al menos 47 monumentos arqueológicos habrían sido desmantelados y modificados en los tramos 6 y 7 del tren para luego ser reutilizados en la reconstrucción de nuevas estructuras dentro del parque Balam Tun. La acción legal responde a los acuerdos aprobados en la asamblea general del sindicato celebrada el pasado 27 de marzo.
La denuncia, integrada por más de 700 páginas, fue entregada por los investigadores Jesús Evaristo Sánchez Sánchez y Jaime Garduño Argueta, miembros de la Comisión de Protección y Legislación del Patrimonio Arqueológico, Histórico y Paleontológico. Los acompañaron los asesores jurídicos Raimundo Tamay Chuc y José Manuel Hermosillo. El expediente incluye alrededor de 90 páginas de narrativa de los hechos, 37 fotografías que evidenciarían los daños, 18 anexos documentales, inspecciones técnicas, publicaciones académicas y antecedentes de otras quejas presentadas previamente por personal del propio INAH.
Sánchez Sánchez explicó que la querella señala a 26 funcionarios del INAH que intervinieron en las distintas fases del Proyecto de Salvamento Arqueológico y en la construcción del parque Balam Tun. Aunque por el momento se resguarda la identidad completa de los señalados para respetar el debido proceso, el exdirector Diego Prieto Hernández es señalado como el principal responsable, al haber estado involucrado desde el inicio del proyecto en 2018.
Los delitos que se imputan incluyen destrucción de monumentos arqueológicos, falsificación de monumentos e inmuebles (calificado como posible “fraude ideológico arqueológico”), mala praxis, ejercicio ilícito del servicio público, coalición de servidores públicos y abuso de atribuciones.
Los integrantes del sindicato aclararon que no se oponen a la construcción de infraestructura pública, sino que buscan esclarecer si durante la ejecución del Tren Maya y el parque Balam Tun se violaron las normas nacionales e internacionales de protección al patrimonio cultural, y en su caso, que se determinen las responsabilidades correspondientes.
Según datos oficiales del INAH, durante las obras del Tren Maya se registraron 502 sitios arqueológicos y alrededor de 66 mil edificaciones o estructuras prehispánicas que fueron objeto de salvamento. Sin embargo, se desconoce el paradero de una gran parte de esos vestigios y si algunos fueron reutilizados de forma similar a lo ocurrido presuntamente en Balam Tun. De confirmarse, advirtieron, no se trataría de un rescate arqueológico, sino de una alteración del patrimonio cultural.
Esta denuncia forma parte de una estrategia jurídica más amplia. Los investigadores adelantaron que preparan otras dos querellas relacionadas con presuntas prácticas similares en los parques de la Memoria de Xpujil y Escárcega, además de acciones legales por posibles afectaciones en las zonas de Cobá y Tulum.