Desactualizado el Atlas de Riesgo de Quintana Roo por negligencia de ayuntamientos: OPB, Bacalar, FCP, Cozumel e IM sin actualización
El caso de Bacalar es el más alarmante.
Chetumal.— Mientras la temporada de huracanes aún acecha con sistemas tropicales en el Atlántico, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo advierte sobre una grave laguna en la preparación municipal: cinco de los 11 ayuntamientos del estado no han actualizado sus atlas de riesgo, herramientas esenciales para mapear amenazas como inundaciones, ciclones e incendios. Esta inacción, que se arrastra desde hace más de tres años bajo la gestión del director Guillermo Núñez Leal —nombrado en octubre de 2022—, expone a comunidades enteras a un peligro evitable, con Bacalar destacando por su total indiferencia oficial.
En declaraciones recientes, Núñez Leal ha repetido el mismo estribillo de promesas incumplidas. En junio de 2025, en una conferencia sobre la temporada de lluvias, el funcionario aseguró con optimismo: “Ahorita podemos decir que el Estado ya tiene el 80% de los Atlas de Riesgo, se está trabajando con Bacalar para que se actualice y tenga su Atlas de Riesgo y los demás municipios también se renueven, el último que se entregó fue el de José María Morelos que ya trae, entonces la mayoría de los municipios está trabajando en este sentido; los que ya lo tienen son Benito Juárez, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Tulum, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Cozumel y los demás van a empezar a actualizarlo”. Sin embargo, cuatro meses después, en agosto de 2025, la realidad contradijo sus palabras: solo seis municipios —Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad (Playa del Carmen), Tulum, José María Morelos y Lázaro Cárdenas— mantienen documentos vigentes, mientras que los restantes languidecen en el rezago.
El caso de Bacalar es el más alarmante. A pesar de las reiteradas menciones de Núñez Leal sobre “trabajar” en su actualización desde al menos junio, el municipio ni siquiera ha iniciado el proceso, según confirmaciones del propio director en reportes de ese mes. “En Quintana Roo, apenas seis de los 11 municipios cuentan con su Atlas de Riesgo actualizado”, reiteró Núñez Leal el 20 de agosto, calificando la situación como una “vulnerabilidad para la seguridad de la población y el desarrollo urbano”. Pero sus llamados caen en saco roto: alcaldes como el de Bacalar han ignorado la urgencia durante más de cinco años, coincidiendo con periodos administrativos que priorizan promoción turística sobre prevención. Esto deja al Pueblo Mágico —famoso por su laguna de los siete colores— expuesto a inundaciones recurrentes, como las vistas en colonias como Diego Rojas en 2024, donde residentes denunciaron abandono total de las autoridades locales.
A este panorama se suman Felipe Carrillo Puerto y Othón P. Blanco, con atlas desfasados, y solo Isla Mujeres y Cozumel mostrando tímidos avances en renovación. “Los municipios de Felipe Carrillo Puerto y Othón P. Blanco tienen documentos desfasados, mientras que Bacalar ni siquiera ha iniciado la elaboración de su atlas”, enfatizó Núñez Leal en su actualización de agosto, subrayando que esta negligencia representa “una vulnerabilidad para la seguridad de la población”. Expertos en gestión de riesgos señalan que, sin estos instrumentos, la respuesta a emergencias se basa en improvisación, como se evidenció en el paso del huracán Beryl en julio de 2024, donde evacuaciones en Bacalar y Felipe Carrillo Puerto dependieron de alertas estatales improvisadas.
Núñez Leal, quien asumió el cargo hace tres años con el compromiso de “consolidar la cultura de la Protección Civil”, ha visto cómo sus esfuerzos estatales —como la actualización del atlas estatal en 2023— se diluyen por la falta de coordinación municipal. En un contexto donde Quintana Roo enfrenta tres sistemas meteorológicos activos solo en la última semana de septiembre de 2025, según sus propias alertas, el director insiste en que “se espera que los cinco municipios pendientes se sumen pronto a este esfuerzo”. Pero la historia sugiere lo contrario: desde su llegada, las cifras de cumplimiento no han variado sustancialmente, pasando de un 70% reportado en 2023 a estancarse en el 54% actual.