Desesperada búsqueda: El caso de Ramiro Cáceres López paraliza Insurgentes
Ramiro Cáceres López, enfermero del Hospital General y Clínica del ISSSTE, salió el domingo por la tarde rumbo a Felipe Ángeles
Chetumal.- En un grito de indignación y angustia, familiares, amigos y compañeros del enfermero Ramiro Cáceres López, desaparecido desde el pasado domingo 13 de abril de 2025, tomaron la Avenida de los Insurgentes en la Zona Sur de Quintana Roo. Su exigencia es clara: que las autoridades localicen con vida al joven de 30 años, cuyo rastro se perdió en la carretera Nicolás Bravo-Escárcega. Este caso, que suma a Cáceres como el desaparecido número 51 en la región en lo que va del año, expone no solo la fragilidad de la seguridad en el sur del estado, sino también la aparente inacción de las instituciones encargadas de garantizar justicia.
El contexto: una desaparición más en una región asediada
Ramiro Cáceres López, enfermero del Hospital General y Clínica del ISSSTE, salió el domingo por la tarde rumbo a Felipe Ángeles, su pueblo natal. Su última conexión telefónica, registrada en la salida de Nicolás Bravo hacia Caobas, marcó el inicio de una pesadilla para sus seres queridos. Esa misma noche, un vehículo que, según los familiares, pertenece a Cáceres, fue hallado incendiado y reducido a cenizas en la zona. Este hallazgo, lejos de acelerar las investigaciones, parece haber quedado en un limbo burocrático, según denuncian los manifestantes.
Quintana Roo, particularmente su Zona Sur, no es ajeno a la crisis de desapariciones. Con 51 casos en 2025, la región refleja un patrón alarmante de violencia e impunidad. Organizaciones civiles, como el Colectivo Verdad, Memoria y Justicia, han señalado que la falta de coordinación entre autoridades estatales y federales, junto con la insuficiencia de recursos tecnológicos y humanos, perpetúa la incapacidad de resolver estos casos. En este contexto, la desaparición de Cáceres no es un hecho aislado, sino un síntoma de un problema estructural que las autoridades parecen incapaces de abordar.
La protesta: de la impotencia a la acción
El lunes 14 de abril, tras horas de espera infructuosa, la paciencia de los seres queridos de Cáceres se agotó. A las 14:00 horas, un grupo de familiares, amigos y compañeros de trabajo se plantó frente a la Vicefiscalía de Justicia Distrito Sur, exhibiendo mantas y pancartas que clamaban por justicia. “No queremos promesas, queremos a Ramiro”, rezaba uno de los carteles. La vicefiscal Aroshi Lugo Arana salió a dialogar y prometió intensificar los operativos de búsqueda, lo que llevó a los manifestantes a levantar temporalmente la protesta.
Sin embargo, la desconfianza en las autoridades resurgió con fuerza. A las 21:30 horas, un grupo más amplio, integrado por trabajadores del ISSSTE y familiares, bloqueó la Avenida de los Insurgentes frente a una conocida plaza comercial. Con señales de tránsito y una cadena humana, los manifestantes detuvieron el flujo vehicular, exigiendo resultados concretos. “Si no hay avances, no nos movemos”, advirtió una de las enfermeras presentes, quien prefirió mantener su anonimato por temor a represalias.
La subsecretaria de Derechos Humanos, María Hadad Castillo, acudió al lugar en un intento de mediar, pero sus palabras no lograron apaciguar a los inconformes. “Nos dicen que están buscando, pero no hay nada. La tecnología de la Fiscalía debería haber dado resultados ya. Sabemos dónde estuvo su celular, sabemos que el auto quemado es el suyo. ¿Qué más necesitan?”, cuestionó un familiar visiblemente frustrado.
Las promesas de la Fiscalía: ¿suficientes o tardías?
En un comunicado emitido tras el bloqueo, la Vicefiscalía de Justicia Distrito Sur anunció que se han intensificado las labores de búsqueda, con la participación de las fuerzas armadas, la Policía Ministerial, la Estatal Preventiva (PEP) y la Municipal Preventiva de Othón P. Blanco. El operativo abarca desde Nicolás Bravo hasta Francisco Villa, incluyendo comunidades aledañas, y contempla el análisis de imágenes de videovigilancia en puntos estratégicos. Sin embargo, estas medidas, que en teoría suenan robustas, no han generado confianza entre los manifestantes, quienes señalan que las acciones debieron iniciarse de inmediato tras la denuncia.
Expertos en seguridad, advierten que la quema de un vehículo en casos de desaparición suele ser una táctica para eliminar evidencia, lo que debería haber activado protocolos de búsqueda inmediata. “La Fiscalía tiene acceso a tecnología de geolocalización y análisis forense. Que a estas alturas no haya avances concretos es, cuando menos, preocupante”.
Un bloqueo que refleja una crisis mayor
El bloqueo en Insurgentes no es solo una protesta por Ramiro Cáceres; es un reflejo del hartazgo de una sociedad que se siente abandonada por sus instituciones. La Policía Estatal Preventiva desplegó un operativo para controlar el tráfico y evitar accidentes, pero la tensión en el lugar persistió durante más de una hora. Los manifestantes, en un gesto de buena voluntad, permitieron el paso intermitente de vehículos, pero dejaron claro que mantendrán la presión hasta obtener respuestas.
La desaparición de Cáceres López pone en evidencia las fallas sistémicas de un estado donde la justicia parece ser un privilegio más que un derecho. Mientras las autoridades prometen resultados, las familias de los 51 desaparecidos de la Zona Sur en 2025 siguen esperando, atrapadas entre la esperanza y la desesperación.
¿Qué sigue?
El caso de Ramiro Cáceres López no debe convertirse en una cifra más. La presión social, como la ejercida en Insurgentes, es un recordatorio de que la ciudadanía no está dispuesta a normalizar la impunidad. Sin embargo, la pregunta sigue en el aire: ¿serán suficientes las acciones anunciadas por la Fiscalía para traer a Ramiro de vuelta? Por ahora, sus seres queridos no descansarán hasta obtener respuestas, y la Avenida de los Insurgentes seguirá siendo testigo de su lucha.