Detienen a Isidro Santamaría Casanova, dirigente de la CTM en Quintana Roo
Según el comunicado oficial de la FGE, las indagatorias indican que el homicidio se originó porque el líder sindical acusó a la víctima
Cancún.— La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo confirmó este viernes la detención de José Isidro Santamaría Casanova, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en la entidad, por su probable participación como inductor en el homicidio calificado de un excolaborador, ocurrido el 17 de julio de 2018 en las oficinas del sindicato en Benito Juárez (Cancún).
La aprehensión se ejecutó por agentes de la Policía de Investigación adscritos a la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Homicidio, cuando Santamaría Casanova llegaba alrededor de las 10:00 horas al Centro de Justicia Penal Federal, ubicado en la Supermanzana 50, sobre avenida Andrés Quintana Roo. Allí acudía a una audiencia relacionada con un proceso federal por trata de personas en modalidad de prostitución ajena, iniciado en 2019, por el que estuvo preso más de tres años y actualmente tenía medidas cautelares que la Fiscalía buscaba revocar para imponer prisión preventiva.
Según el comunicado oficial de la FGE, las indagatorias indican que el homicidio se originó porque el líder sindical acusó a la víctima –identificada en algunos reportes como Luis Fernando Peón Cardín– de robar dinero, alhajas y relojes de alta gama. Los hechos habrían ocurrido dentro de las oficinas de la CTM que dirigía Santamaría Casanova.
Tras la captura, el dirigente fue trasladado a las instalaciones de la FGE en avenida Huayacán y puesto a disposición del Juez de Control, quien en las próximas horas resolverá su situación jurídica.
La defensa del líder cetemista, encabezada por los abogados Moisés Méndez y Lilia Rodríguez, denunció la detención como “una violación flagrante a un amparo federal y al debido proceso”, al ejecutarse precisamente cuando acudía a firmar en el juzgado federal. En semanas recientes, Santamaría Casanova había acusado públicamente al fiscal Raciel López Salazar de intentar extorsionarlo con 500 mil pesos –a través de intermediarios– para frenar la investigación y entregarle la carpeta del caso.
Por su parte, la FGE enfatizó que actuó con apego a derecho, cumpliendo una orden de aprehensión girada por un juez estatal, y reiteró su compromiso con la cero impunidad “sin distinción de cargos o afiliaciones”. El caso sigue en desarrollo mientras se aportan más datos de prueba.