Cancún.— Jovita Portillo Navarro, presidenta de Coparmex Quintana Roo, lanzó una fuerte advertencia: la corrupción y la extorsión oficial se han transformado en uno de los principales frenos al desarrollo económico del estado y del país entero. Y exigió a los tres niveles de gobierno pasar de las palabras a los hechos y aplicar estrategias permanentes para combatir estos males que tanto daño generan.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025, el problema es grave: cada ciudadano afectado gasta en promedio 3 mil 865 pesos por corrupción, lo que suma pérdidas por casi 17 mil millones de pesos y golpea a 9.42 millones de personas en México.
Portillo Navarro enfatizó que estos actos reducen la competitividad, crean desconfianza y espantan las inversiones nacionales e internacionales que tanto se necesitan.
En el caso de Quintana Roo, explicó que los inversionistas ya no se conforman solo con los atractivos del Caribe; lo que realmente buscan es certeza jurídica, procesos transparentes y condiciones seguras para apostar a proyectos de largo plazo.
La Coparmex demandó acciones concretas como la simplificación urgente de trámites administrativos, eliminar oportunidades para actos irregulares y fortalecer las investigaciones y castigos a los corruptos.
La líder empresarial recordó que en la última década esta situación ha afectado a millones de mexicanos, mientras que México sigue cayendo en los rankings mundiales: en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 obtuvo apenas 27 puntos de 100 y se ubicó en el lugar 141 de 182 países.
Para Coparmex, enfrentar de verdad la corrupción es esencial para recuperar la confianza de la gente, impulsar la economía y abrir las puertas a más inversión y progreso real en el estado.