Empresarias de bares se dicen víctimas de la FGE, afirman que no son tratantes de blancas, reportan pérdida de empleos y presentan la asociación civil “Es Trabajo, No Es Trata”

La empresaria detalló que los operativos de la FGE incluyen abusos contra los trabajadores.

Cancún.— La empresaria Leticia Salazar García denunció en rueda de prensa ser víctima de una persecución por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo, afirmando que “sufro una persecución por parte de la Fiscalía de Trata de Menores, por parte de la Fiscalía de Trata de Adultos, en los cuales me han abierto carpetas completamente falsas”. Salazar señaló abusos en operativos policiales y cateos en bares y centros nocturnos, negando que exista el delito de trata de personas en sus establecimientos, y reportó que “estamos hablando de casi 500 personas sin empleo” debido al cierre de 11 locales en Cancún, “que a lo mejor sean más”, con afectaciones similares en Playa del Carmen. En el mismo evento, la abogada Fabiola Cortés anunció la creación de la asociación civil “Es Trabajo, No Es Trata”, que busca agrupar a “trabajadores, hombres, mujeres, meseras, bailarinas, bartenders, cantineros, personal de seguridad, DJs” del gremio de bares para defender sus derechos.

Salazar García, quien lleva 33 años en Cancún, explicó que sus negocios de “restaurantes, bares, centros nocturnos, botaneros, discotecas y toda clase de negocios que conlleva a este giro” están “legalmente constituidos” y cumplen con regulaciones federales, estatales y municipales. Sin embargo, denunció que “me han abierto carpetas completamente falsas” en cuatro de sus establecimientos, las cuales han sido desestimadas o ganadas en apelaciones. Según la empresaria, “muy pocos establecimientos ya hoy en día quedan abiertos”, lo que ha dejado “a muchas familias cancunenses sin trabajo, sin sustento para sus familias”. Enfatizó que, históricamente, “siempre han existido los bares” en Cancún, pero ahora “resulta que a la llegada de esta fiscalía, todos los bares tienen trata. Es ilógico, es denigrante”.

La empresaria detalló que los operativos de la FGE incluyen abusos contra los trabajadores, afirmando que “los han golpeado, los ponen en el suelo, los amenazan” y que “también los hombres sufren el abuso de las autoridades”. Además, señaló que “la gente, los clientes tienen miedo a asistir a estos lugares precisamente por los cateos, por los operativos y también por la delincuencia”. Salazar García denunció que la FGE no aborda delitos graves como el cobro de derecho de piso o incidentes violentos, como “el carro que quemaron” en uno de sus locales, donde “la Fiscalía sí va a los 15 días de volver a abrir el lugar, hacen un cateo por trata, pero no investigó nunca quién quemó ese vehículo”. Propuso que, de ahora en adelante, “cada atentado que haya se va a divulgar y se va a exhibir para que la fiscalía tome cartas en el asunto y haga su trabajo de seguridad que debe de hacer en Cancún”.

Por su parte, la abogada Fabiola Cortés explicó que los cateos se basan en un modus operandi que comienza con “una llamada anónima, un mensaje anónimo a las redes sociales de la fiscalía, al WhatsApp, en donde alguien, una persona anónima, dice que en X bar él acudió X día y que ahí observó que había menores de edad”. Estas denuncias son seguidas por “la técnica del agente encubierto” que, según Cortés, “corrobora, según él, el dicho del informante anónimo”, lo que lleva a órdenes de cateo ejecutadas de manera irregular. Afirmó que “no solo entran las personas autorizadas” en estos operativos, sino también autoridades no autorizadas como “el propio vicefiscal general, el señor Sergio Ledesma” y “la actual fiscal encargada de la fiscalía de Trata de Personas Mayores, que es Nancy Benítez Rebollo”. Cortés calificó estas acciones como “una farsa, estos son montajes para simular que se combate este delito y es lo más preocupante”, señalando que “realmente no se está combatiendo la trata de personas en Quintana Roo ni en Cancún”.

Cortés también relató el caso de un joven detenido por publicar un anuncio de masajes terapéuticos en Facebook, acusado de trata tras una conversación con “una policía encubierta que se hace pasar por una mujer de 17 años”. Según la abogada, este caso demuestra cómo la FGE busca “engordar las estadísticas” con acusaciones infundadas, afectando a personas que “no tienen nada que ver con los bares”. Añadió que las trabajadoras son llevadas a la Fiscalía y tratadas para “autoincriminarse como personas que ejercen la prostitución”, lo cual negó enfáticamente, afirmando que “son trabajadoras del gremio de bares, de centros nocturnos, de botaneros, y no se dedican a la prostitución”.

Leticia Salazar García destacó el impacto económico de los cierres, señalando que “por cada establecimiento, llámese chicos o grandes, en un redondeo estamos hablando de 40 personas” afectadas, incluyendo “meseros, meseras, los barman, los cocineros, las cajeras, el personal de limpieza, los seguridades”. Advirtió que “el empresario deja de comprar” y “deja de haber revolvencia de dinero” porque “se cierran fuentes de empleo para muchas familias”. También mencionó que en Playa del Carmen la situación es similar, con trabajadores que “viajan todos los días, ida y vuelta, dejan a sus familias, a sus hijos” para buscar empleo. Hizo un llamado a sus compañeras y compañeros del gremio, diciendo: “Yo hoy quiero hacer un llamado a todas mis compañeras del gremio, meseras, meseros, para que alcemos la voz, muchachas”, y pidió a las autoridades “hagan un análisis de todas las personas que se están quedando sin trabajo, que están quedando sin fuentes de empleo”.