Escasez de Turismo en Tulum: Echan a 60 trabajadores del Parque del Jaguar
Los empleados, contratados inicialmente bajo esquemas temporales de tres meses, luego se redujeron a solo 30 días.
Tulum.— En un golpe que afecta directamente a decenas de familias, 60 trabajadores del Parque del Jaguar fueron despedidos en apenas dos días, tras la conclusión de sus contratos el pasado 30 de junio. La decisión se justificó en que las funciones que desempeñaban ya no son necesarias, según indicaron las autoridades del proyecto, lo que representa también un efecto de la escasez de turismo que aqueja a Tulum.
Los empleados, contratados inicialmente bajo esquemas temporales de tres meses que luego se redujeron a solo 30 días, denuncian que esta modalidad los dejó en una posición de vulnerabilidad, sin acceso a las prestaciones laborales que corresponden por ley. Muchos de ellos veían en estos puestos su principal fuente de ingresos, por lo que la medida ha generado preocupación y zozobra en varios hogares del municipio.
Esta situación no solo evidencia problemas en la gestión de proyectos federales que prometían empleo estable y desarrollo para la región, sino que también refleja la escasez de turismo que enfrenta Tulum en los últimos tiempos. La baja afluencia de visitantes ha impactado fuertemente en la actividad económica local, reduciendo la demanda de servicios y contribuyendo directamente a estas decisiones de recorte de personal, que se convierten en una más de las consecuencias visibles de la crisis turística en el destino.
De manera paralela, se anunció la salida del director general del Grupo Mundo Maya, el general Adolfo Héctor Tonatiuh Velasco Bernal. Su separación del cargo coincide con el malestar generado por las medidas implementadas durante su gestión.
Además, han surgido denuncias sobre posibles irregularidades administrativas en el organismo, entre ellas la presunta asignación de contratos y beneficios a personas cercanas, familiares o allegados de exfuncionarios.
Los trabajadores afectados anunciaron que acudirán a instancias federales, incluida la Presidencia de la República, para exponer su caso. Exigen una investigación clara que determine responsabilidades, el respeto a sus derechos laborales y que los proyectos estatales garanticen empleos dignos y permanentes, en lugar de generar falsas expectativas en la comunidad.