Playa del Carmen.— A dos años de haber llegado al Palacio Municipal de Playa del Carmen, Estefanía Mercado se inscribió en el proceso interno de Morena para buscar la reelección en 2027. Lo hizo acompañada de fundadores del partido y con el respaldo del PVEM, mientras el destino que gobierna arrastra una de sus peores temporadas turísticas recientes, cierres de negocios, presión financiera y una andanada de señalamientos de opacidad y corrupción que no han encontrado respuesta institucional independiente.
El colapso turístico que no reconoce el informe
El turismo, motor histórico de Playa del Carmen, está en caída libre. Según datos de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo y de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, la ocupación hotelera en la primera semana de octubre de 2026 se ubicó entre 36 % y 44 %, muy por debajo del 70 % del primer semestre de 2025 y lejos de los niveles de 2023 (que cerró cerca del 77 %). Los pequeños hoteles reportan cifras aún más dramáticas: 18 % a 32 % en septiembre y octubre, con caídas de 15 puntos o más respecto al año anterior. Algunos han cerrado o suspendido operaciones. Prestadores de servicios hablan de “temporada histórica” de baja, despidos, días solidarios y ventas de comerciantes en la Quinta Avenida que apenas alcanzan el 20-25 % de lo habitual.
El sargazo es el factor más visible, pero no el único. Empresarios y guías señalan también la reducción de vuelos, la percepción de inseguridad y la sobreoferta. El resultado concreto es el cierre de alrededor de 70 comercios en la Quinta Avenida (incluidos establecimientos con décadas de historia) y estimaciones de miles de empleos perdidos en la zona turística. La recaudación municipal se resintió y el Ayuntamiento recurrió a créditos de corto plazo y adelantos para sostener servicios básicos.
Deuda, calificaciones y “caja chica”
En octubre de 2025 el municipio contrató un crédito de 125 millones de pesos con Bancrea. Fue criticado por falta de transparencia inicial ante el Cabildo y se sumó a otros financiamientos de corto plazo y adelantos que, según datos, superaron los 300 millones de pesos en menos de ocho meses. HR Ratings bajó la calificación de Playa del Carmen de A+ a A- por el uso de financiamiento no asegurado. Fitch registró un incumplimiento temporal de pago que luego se regularizó. El crédito de 125 millones se liquidó en septiembre de 2026, un mes antes de su vencimiento, pero la presión financiera quedó documentada.
El regidor José Luis “Chanito” Toledo ha sido la voz más insistente. Junto a Jorge Romero, dirigente de Acción Naiconal, declaró que en Playa del Carmen “se paga la tonelada de recogida de sargazo más cara del mundo”: mientras el promedio de operación oscila entre 800 y 1.000 pesos, aquí cuesta 2.000 pesos. Acusó al gobierno de usar los recursos “como caja chica”, de inflar cifras de recolección y de priorizar “el business” sobre la limpieza efectiva. Desde 2025 ha repetido que no existen reportes claros de cuánto se recauda y gasta en el tema, y ha vinculado el problema del sargazo con corrupción. También ha denunciado extorsiones, amenazas de inspectores y “derecho de piso” a comerciantes y hoteleros.
Cierres, inspectores y “cero tolerancia” selectiva
Comerciantes y locatarios de la Quinta Avenida y zonas aledañas han señalado de forma reiterada que la presión no solo viene del crimen organizado. Apuntan a intermediarios y servidores públicos que condicionan permisos, trámites y “protección”, especialmente en Protección Civil y licencias. En mayo de 2026 el propio gobierno de Estefanía Mercado destituyó al director de Desarrollo Urbano (Óscar Emmanuel Gallardo) y aceptó la renuncia del tesorero (Javier Regalado) tras irregularidades en el manejo de recursos y permisos. La alcaldesa anunció “cero tolerancia” y se reunió con la Fiscalía Anticorrupción. Esas salidas no disiparon la percepción de opacidad.
Darwin Covarrubias, secretario de Protección Civil, ha sido señalado por discrecionalidad y posibles cobros a negocios (señalamientos que datan de gestiones anteriores). El Consejo Coordinador Empresarial ha llamado a denunciar irregularidades. Mientras tanto, la administración presume en su Segundo Informe (septiembre 2026) 1.600 millones de pesos invertidos en seguridad y reducciones de homicidios y robos. La percepción en colonias y en la zona turística, sin embargo, sigue siendo de inseguridad y de servicios deficientes (basura, alumbrado, baches).
Ciudadanía y redes: el descontento que no cabe en los informes
En redes sociales y grupos de Facebook de colonias como Ejidal, Luis Donaldo Colosio y Gonzalo Guerrero, las reacciones al informe de gobierno fueron inmediatas: quejas por basura que no se recoge, sargazo que no se controla, inseguridad que no baja y calles deterioradas. Una encuesta de Massive Caller tras el informe mostró 70,5 % de rechazo a la gestión y solo 29,5 % de apoyo a una eventual reelección. Otras mediciones (GobernArte) le dan 55 % de aprobación, la más alta entre alcaldes de Quintana Roo en esa muestra. La distancia entre la narrativa oficial y la percepción de prestadores de servicios y vecinos es el dato más consistente de los últimos meses.
El problema institucional
La alcaldesa se reúne con el fiscal del estado y anuncia coordinación contra la corrupción, pero no existe un contrapeso institucional creíble que investigue a fondo los costos unitarios del sargazo, los permisos de Protección Civil o el uso de los créditos de corto plazo. La ausencia de investigación formal no equivale a exoneración.
Estefanía Mercado quiere reelegirse. Playa del Carmen enfrenta una crisis turística real, presión financiera documentada, cierres de comercios y un clima de opacidad que ni los informes de gobierno ni las reuniones con la Fiscalía han logrado disipar. El electorado local tendrá la última palabra en 2027. Hasta entonces, los números de ocupación, los negocios cerrados y las denuncias de sobrecostos siguen sobre la mesa.