Estefanía Mercado le mete el diente a los comerciantes; manda a sus inspectores a colectar dinero, denuncian los afectados
Es una cacería brutal. Están cobrando derecho de piso gubernamental.
Playa del Carmen.— En plena temporada baja y con la economía local aún resentida, la presidenta municipal Estefanía Mercado ha enviado a sus inspectores de Protección Civil y Fiscalización a “meterle el diente” a los comerciantes de Playa del Carmen, exigiendo pagos bajo la amenaza de suspensiones, multas de hasta 30 mil pesos y sellos de clausura.
Según testimonios de locatarios, los funcionarios municipales llegan a los negocios con supuestas “irregularidades menores”, muchas de ellas anticipadas o de interpretación subjetiva, y colocan sellos de suspensión inmediata si el comerciante no paga en el momento. Lo que en apariencia es una revisión de licencias y normas de funcionamiento, en la práctica se ha convertido en una operación de recaudación forzosa disfrazada de fiscalización.
Los afectados denuncian que basta una simple observación —como un detalle en la documentación, una fecha de vencimiento cercana o incluso una interpretación laxa de las normas— para que los inspectores amenacen con cerrar el negocio si no se cubre una “cuota” que oscila entre los 5 mil y los 30 mil pesos.
“Nos dicen que si pagamos, todo se arregla rápido; si no, nos sellan y nos dejan sin operar”, relató uno de los comerciantes que prefirió mantenerse en el anonimato por temor a represalias.
“Cacería brutal” antes de las elecciones
Comerciantes consultados coinciden en señalar que esta presión se ha intensificado en las últimas semanas, justo antes de las elecciones. Denuncian que los inspectores de la Dirección de Protección Civil, a cargo de Julián Lara Maldonado, y de Fiscalización actúan con un celo inusual, recorriendo calle por calle en busca de cualquier pretexto para levantar actas y generar ingresos para las arcas municipales.
Un comerciante dijo que es una cacería brutal. Están cobrando derecho de piso gubernamental. No es protección civil, es extorsión con charola. Nos amenazan con cerrarnos el negocio y luego nos ofrecen ‘arreglarlo’ a cambio de dinero, es la denuncia de los comerciantes.
El contexto incómodo
Mientras la administración municipal justifica estas acciones como “cumplimiento de la normatividad”, los testimonios de los comerciantes pintan un panorama muy distinto: una cacería de cuotas selectiva y oportunista, que aprovecha la vulnerabilidad de los negocios para allegar recursos al ayuntamiento en un momento políticamente sensible.
La presidenta Estefanía Mercado y su equipo de inspectores parecen haber encontrado en la fiscalización comercial una vía rápida para “meterle el diente” a los bolsillos de los locatarios, sin importar el daño que esto genera al tejido económico de Playa del Carmen.
Los afectados exigen que las autoridades municipales detengan esta práctica y actúen con transparencia, porque, como ellos mismos lo expresan: “No estamos pidiendo favores, solo que nos dejen trabajar en paz”.
¿Coincidencia o estrategia? Lo cierto es que, mientras los comerciantes aprietan el cinturón, los sellos amarillos y las multas millonarias siguen multiplicándose en las calles de Playa del Carmen.