Playa del Carmen.— La alcaldesa Estefanía Mercado pagó aproximadamente cuatro veces el precio de lista de ocho Jeep Wrangler y cuatro Toyota Hilux a través de un contrato de arrendamiento puro. En total, el municipio desembolsará hasta *48,5 millones de pesos (IVA incluido) hasta agosto de 2027 por el simple uso de las 12 camionetas, un monto que hace que comprarlas hubiera sido considerablemente más económico que rentarlas durante el periodo contratado.
El cálculo es directo. Tomando precios de lista de referencia (alrededor de 1.103.900 pesos por Jeep de entrada y 570.900 por Hilux base), las 12 unidades suman aproximadamente 11,1 millones de pesos.
Dividir los 48 millones del contrato entre ese valor arroja un factor de 4,3 veces. Incluso ajustando a las versiones realmente contratadas —Jeep Wrangler Unlimited Sahara 4x4 Turbo 2.0L (modelo 2024, cotizadas en torno a 1,35 millones) y Toyota Hilux DSL TA de transmisión automática (modelo 2024, en el rango de 800 mil pesos)— el múltiplo sigue siendo de aproximadamente 3,5 veces el valor de compra. En ambos escenarios, el municipio termina pagando varias veces el precio de los vehículos sin quedarse con ellos al final del contrato.
Según el instrumento contractual (DAL/LP/ARR/006/2025), firmado con Arrendadora de Bienes y Muebles e Inmuebles, S. de R.L. de C.V. (representada por Gabriela Evelia Vélez), el pago mensual una vez entregadas todas las unidades es de 1.565.438,56 pesos (incluyendo IVA). La vigencia corre del 1 de febrero de 2025 al 31 de agosto de 2027 (cerca de 31 meses). El arrendador se obliga a entregar las unidades y a realizar el mantenimiento preventivo y correctivo; no hay anticipo y el contrato es multianual, sujeto a disponibilidad presupuestal. El monto máximo autorizado es de 48.528.595,36 pesos.
La diferencia entre comprar y rentar es clara en términos de gasto público. Con el dinero destinado a las rentas se habrían podido adquirir las 12 camionetas (o un número mayor de unidades más austeras) y todavía sobraría presupuesto para mantenimiento y operación durante varios años. En un arrendamiento puro el municipio no conserva el activo ni su valor residual; al término del contrato devuelve los vehículos y el gasto queda sin patrimonio a cambio. Para flotas municipales de uso operativo, la compra suele resultar más eficiente cuando los plazos superan los dos o tres años y los precios de renta están tan alejados del valor de mercado.
El contrato y sus montos están documentados en las páginas difundidas del instrumento. Coberturas adicionales han señalado que el domicilio de la empresa arrendadora aparece como un local sin actividad comercial visible en Playa del Carmen y que su objeto social es extremadamente amplio (incluye desde operaciones inmobiliarias y construcción hasta comercialización de ataúdes, alhajas y bebidas alcohólicas).
También se ha cuestionado el destino real de las unidades, con versiones internas que apuntan a uso de altos funcionarios o familiares, aunque estas afirmaciones no cuentan con respaldo documental público. Estas observaciones no prueban por sí solas irregularidades, pero sí refuerzan la necesidad de justificar por qué se eligió esta modalidad y estos precios en lugar de la compra directa de vehículos de especificaciones más moderadas.
En un contexto en el que se predica austeridad desde el ámbito nacional, un contrato que multiplica por tres o cuatro el valor de los vehículos para su mero uso durante dos años y medio genera un contraste evidente. La información disponible permite verificar los montos y las unidades; lo que permanece pendiente es una explicación oficial que demuestre que esta era la opción más conveniente para las finanzas del municipio.
