Playa del Carmen.— La presidenta municipal Estefanía Mercado Ascencio se victimizó, dijo que enfrenta una “guerra sucia” proveniente, en parte, de dentro de su propio movimiento político (Morena), a la que calificó de “fuego amigo de bebés de kínder”. Aseguró tener “perfectamente identificados” a quienes la atacan y minimizó los señalamientos al compararlos con lo que vivió durante la administración de Lili Campos. Así es como la alcaldesa responde al escándalo del millonario contrato que firmó para alquilar camionetas de lujo a precios hasta cuatro veces más de su precio de mercado.
En declaraciones a medios tras una sesión de Cabildo, Estefania Mercado sostuvo que los ataques actuales son de bajo nivel y que no les responderá con el mismo tono.
“No es algo que se deba normalizar, pero son bebés de kínder comparados a lo que me tocó vivir a mí y a mi familia antes”.
Y agregó:
“Están identificados, lamentablemente hay que reconocer que es gente dentro del movimiento. Les contestaremos con el respeto que no nos tienen. Nosotros estamos en otra sintonía, no hablaremos mal de nadie, pero sabemos quiénes son”.
Pero no dice nada del escándalo del millonario contrato que firmó por 45 millones de pesos para rentar 12 camionetas de lujo con un costo hasta 4 veces superior a su valor de mercado.
La alcaldesa, que busca la reelección y ya levantó la mano dentro de Morena para la coordinación municipal rumbo a 2027, aseguró que no vale la pena denunciar o confrontar, porque “hay otros temas más importantes que atender en el municipio”.
El contexto que alimenta las críticas: el contrato de las 12 camionetas de lujo
Las declaraciones llegan en medio del creciente cuestionamiento al contrato multianual DAL/LP/ARR/006/2025 de arrendamiento puro de 12 vehículos de alta gama: ocho Jeep Wrangler Unlimited Sahara 4x4 Turbo 2.0L y cuatro Toyota Hilux DSL TA automáticas (modelo 2024).
El acuerdo, firmado con Arrendadora de Bienes y Muebles e Inmuebles, S. de R.L. de C.V. (representada por Gabriela Evelia Vélez), compromete al municipio a pagar hasta 48.528.595,36 pesos (IVA incluido) hasta el 31 de agosto de 2027. Una vez entregadas todas las unidades, la mensualidad es de 1.565.438,56 pesos (IVA incluido). No hay anticipo y al término el municipio devuelve los vehículos sin conservar ningún activo.
El tesorero municipal Guillermo Brahms confirmó el contrato, lo calificó de “normal”, aseguró que “no lo han pagado” y que “lo están revisando”, pero reconoció que el asunto está “muy caliente” y que “había que salir a dar la cara”. El documento fue firmado por la propia alcaldesa, el entonces tesorero Javier Regalado Hendricks y Brahms (cuando era oficial mayor).
Análisis de los montos indican que el arrendamiento multiplica entre 3,5 y 4,3 veces el valor de mercado de las unidades (las 12 camionetas costarían alrededor de 11 millones de pesos en compra directa). Un arrendamiento puro de más de dos años y medio significa que el dinero público se gasta sin generar patrimonio. La empresa arrendadora tiene un objeto social muy amplio (incluye giros tan dispares como comercialización de ataúdes, alhajas y bebidas alcohólicas) y su domicilio en Playa del Carmen ha sido señalado como un local sin actividad comercial visible, lo que ha alimentado sospechas de opacidad.
El contraste es evidente con el discurso de austeridad republicana que se predica desde el ámbito nacional y la coalición Morena-PVEM-PT. Mientras se habla de finanzas “sanas” y se justifican ajustes, se comprometen casi 1,6 millones de pesos mensuales en vehículos de alta gama cuyo uso operativo real no está documentado de forma pública y clara.
Los montos y las unidades están documentados. Lo que sigue pendiente es una explicación oficial sólida que demuestre por qué esta modalidad y estos precios eran la opción más conveniente para las finanzas públicas, en lugar de la compra directa de vehículos de especificaciones moderadas. Mientras tanto, el propio tesorero admite que el asunto está “muy caliente” y la alcaldesa responde a las críticas señalando “fuego amigo” de “bebés de kínder”. La ciudadanía de Playa del Carmen tiene derecho a exigir cuentas claras y no meras revisiones internas ni minimizaciones políticas.


