Estos son los diputados y senadores por Quintana Roo que votaron a favor de la Ley de Aguas, pese a la inconformidad de productores quintanarroenses
Hasta el momento, ninguno de los siete legisladores que votaron a favor ha emitido posicionamiento público sobre las protestas de sus propios representados en Quintana Roo.
Cancún.— Mientras en la Costa Maya decenas de ganaderos y agricultores se manifestaban en la carretera Cafetal-Limones-Mahahual para rechazar la recién aprobada Ley General de Aguas, los cinco diputados federales y los dos senadores de Morena y el PVEM por Quintana Roo votaron disciplinadamente a favor de la iniciativa que, según los productores, nunca fue consultada con las comunidades rurales y amenaza su supervivencia.
Los representantes quintanarroenses que dieron su respaldo al dictamen fueron:
Diputados federales
Marybbel Villegas Canché (Morena, Distrito 02, Chetumal)
Luis Humberto Aldana Navarro (Morena, Distrito 03, Cancún)
Mildred Concepción Ávila Vera (Morena, Distrito 04, Cancún)
Juan Luis Carrillo Soberanis (PVEM, Distrito 01, Playa del Carmen)
Santy Montemayor Castillo (PVEM, plurinominal)
Enrique Vázquez Navarro (Morena, plurinominal, asociado a Quintana Roo)
Senadores
Anahí González Hernández (Morena, primera fórmula)
Eugenio Segura Vázquez (Morena, segunda fórmula)
En contraste, la senadora panista Mayuli Martínez Simón y el diputado Ernesto Sánchez Rodríguez (PAN) votaron en contra.
En el tramo carretero de Costa Maya, los manifestantes –muchos de ellos ejidatarios y pequeños ganaderos– colocaron mantas con consignas como “Sin agua justa, sin seguridad y sin ley justa México se detiene” y advirtieron que, si la ley se publica en el Diario Oficial de la Federación sin modificaciones, pasarán de la protesta informativa a bloqueos totales.
“No hay beneficios para el productor, solo multas y amenazas. Nos están quitando el agua que hemos usado por generaciones”, denunció Jacobo Ray, uno de los voceros de los inconformes, quien subrayó que la iniciativa fue aprobada “en lo oscurito” sin consulta previa a campesinos, indígenas ni usuarios reales del recurso.
Los productores temen que la nueva ley faculte a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para imponer onerosas concesiones, cobrar por el uso de pozos propios e incluso revocar permisos históricos en zonas rurales, todo bajo el argumento de “garantizar el derecho humano al agua”, un discurso que, según ellos, encubre una mayor centralización y posible privatización encubierta del recurso.
El contraste es evidente: mientras los legisladores quintanarroenses de la coalición oficialista celebran la ley como “un avance histórico” que combatirá el acaparamiento y priorizará el consumo humano, en el sur del estado los afectados directos la perciben como una expropiación disfrazada que los condena a pagar por el agua de lluvia que captan en sus jagüeyes o a perder sus pozos ganaderos.
Hasta el momento, ninguno de los siete legisladores que votaron a favor ha emitido posicionamiento público sobre las protestas de sus propios representados en Quintana Roo, ni han anunciado gestiones para atender las demandas de revisión que exigen los productores.
Si la ley entra en vigor sin cambios, las carreteras de la Ribera del Río Hondo y la zona maya podrían convertirse en los próximos puntos de conflicto social en un estado donde el agua subterránea es vital para la ganadería, la milpa y la supervivencia de miles de familias rurales que, paradójicamente, fueron parte de la base electoral que llevó al poder a varios de esos mismos legisladores.