Extorsión en las obras de Cancún: el costo oculto del auge inmobiliario
Hasta 30 obreros buscan cada mes asesoría legal ante los cobros ilegales impuestos por grupos criminales
Cancún.- En el corazón del boom inmobiliario de Cancún, una sombra amenaza a los trabajadores de la construcción, la extorsión. Hasta 30 obreros buscan cada mes asesoría legal ante los cobros ilegales impuestos por grupos criminales para permitirles trabajar, según Ruth Sánchez Palma, líder del Sindicato de Construcción, Gasolineras y Comercio de la CTM en Quintana Roo. Este fenómeno, que afecta a unos 12 mil afiliados en el estado, no es un simple inconveniente, sino una práctica sistemática que asfixia a trabajadores y empresarios en una de las ciudades con mayor crecimiento económico de México.
Los datos son alarmantes. En Cancún, donde la construcción de hoteles, residenciales y complejos turísticos no para, los grupos criminales han encontrado un negocio redondo, exigir pagos no oficiales a cambio de “permisos” para trabajar. Estos cobros, que varían sin un porcentaje fijo, generan un clima de intimidación que permea todas las obras, según Sánchez Palma. El impacto es doble: los trabajadores ven mermados sus ingresos, mientras las empresas enfrentan costos adicionales que encarecen los proyectos. En 2024, Quintana Roo registró un crecimiento del 7.8% en el sector de la construcción, según el INEGI, pero este dinamismo económico parece venir con un precio que no aparece en los balances oficiales.
El sindicato ha intentado contrarrestar esta crisis promoviendo denuncias ante la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, las quejas de los obreros caen en saco roto. Sánchez Palma no oculta su frustración: “No hay avances significativos en las investigaciones”. Este estancamiento plantea preguntas incómodas sobre la eficacia de las autoridades en un estado donde el turismo y la construcción son pilares económicos. ¿Es la falta de recursos, voluntad política o una red de complicidades lo que permite que estas prácticas persistan?
El contexto no es nuevo. Cancún ha sido señalada en reportes de 2023 y 2024 por organizaciones como México Evalúa como un foco de inseguridad vinculada al crimen organizado, que extiende sus tentáculos desde el narcomenudeo hasta la extorsión en sectores clave. La construcción, con su alta demanda de mano de obra y flujos constantes de capital, es un blanco fácil. Los trabajadores, en su mayoría en condiciones precarias, son especialmente vulnerables. “No denuncian por miedo”, admite Sánchez Palma, lo que perpetúa el ciclo de impunidad.
La respuesta del sindicato, que ofrece asesoría legal y fomenta la denuncia, es un esfuerzo loable pero insuficiente ante la magnitud del problema. La solución requiere una acción coordinada, mayor presión sobre la Fiscalía, operativos de seguridad focalizados y, sobre todo, voluntad política para desmantelar las redes que lucran con la intimidación. Mientras tanto, el auge de Cancún, con sus rascacielos y promesas de prosperidad, lleva una factura oculta que pagan los trabajadores con su seguridad y su salario.
Sánchez Palma lo resume con claridad: “Necesitamos medidas concretas”. La pregunta es si las autoridades están listas para escuchar, o si el costo humano seguirá siendo el precio del “paraíso” quintanarroense.
Con información de: Quadratín