Fiscalía de Quintana Roo asegura edificio Adamar Solimán en Tulum por posibles delitos ambientales
El caso de Adamar Solimán ha sido objeto de controversia desde que se detectaron irregularidades en noviembre de 2023
Tulum.— La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE) ejecutó el aseguramiento del edificio Adamar Solimán, ubicado en la Bahía Solimán, municipio de Tulum, en respuesta a presuntos delitos ambientales cometidos por la empresa desarrolladora, Desarrollos Tulum Dieciséis, S.A.P.I. de C.V. Esta acción, respaldada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), se llevó a cabo el 23 de septiembre de 2025, tras una denuncia presentada el 16 de julio del mismo año.
La construcción ya había sido clausurada previamente por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), pero las obras continuaron a pesar de órdenes judiciales y amparos que protegían el derecho a un medio ambiente sano.
El proyecto Adamar Solimán, una torre de departamentos de siete niveles con 24 unidades y penthouses de lujo, fue construido sin las autorizaciones ambientales requeridas, afectando un área de 731.8 metros cuadrados de duna costera, un ecosistema crítico que sirve como hábitat para especies protegidas, como tortugas marinas y aves. La construcción, iniciada a finales de 2023, se encuentra en una zona de alta sensibilidad ecológica, a solo 10 kilómetros al norte del centro de Tulum y próxima al santuario de anidación de tortugas marinas Xcacel-Xcacelito.
El caso de Adamar Solimán ha sido objeto de controversia desde que se detectaron irregularidades en noviembre de 2023, cuando agentes inmobiliarios comenzaron a promocionar el proyecto, a pesar de carecer de permisos ambientales. En febrero de 2024, la organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), junto con un residente de Tulum, promovió un juicio de amparo contra Profepa por su omisión en garantizar el cumplimiento de medidas correctivas tras las clausuras previas. Este amparo, registrado bajo el expediente 777/2024, resultó en una sentencia histórica emitida el 4 de agosto de 2025 por el Juzgado Octavo de Distrito en Quintana Roo, que ordenó la demolición total del edificio y la restauración ambiental del sitio.
A pesar de las clausuras impuestas por Profepa en múltiples ocasiones (incluyendo una en mayo de 2024 y otra en junio de 2025), los desarrolladores violaron los sellos de clausura y continuaron con las obras, lo que constituye una infracción directa a la legislación ambiental y al Código Penal de Quintana Roo. Estas violaciones motivaron una denuncia penal presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) el 9 de mayo de 2024, además de sanciones económicas que superan los 1.4 millones de pesos, las cuales no han sido cubiertas por la empresa.