Gobierno mete dos iniciativas de reforma al Congreso del Estado para beneficios de familias quintanarroenses en vivienda y agua potable
Las reformas a las leyes de asentamientos humanos y acciones urbanísticas tienen como propósito simplificar los procesos de autorización.
Chetumal.— La secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, entregó al Congreso del Estado, en representación de la gobernadora Mara Lezama Espinosa, dos iniciativas de reforma que buscan fortalecer la justicia social, el desarrollo urbano ordenado, la certeza jurídica y el acceso equitativo a la vivienda y servicios básicos para las y los quintanarroenses.
La primera iniciativa propone modificaciones a la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Quintana Roo, así como a la Ley de Acciones Urbanísticas del Estado, en materia de desarrollo urbano.
La segunda iniciativa plantea reformas a la Ley de Cuotas y Tarifas para los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales del Estado, y a la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo.
Enfoque en justicia social y derecho humano al agua
Cristina Torres Gómez destacó que ambas propuestas tienen un “profundo sentido de justicia social” y forman parte del compromiso del gobierno de la transformación, humanista y con corazón feminista, que encabeza la gobernadora Mara Lezama, de priorizar a quienes más lo necesitan.
“Estas iniciativas son resultado de las consultas realizadas con la ciudadanía, tal como lo establece el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, donde las decisiones se toman de manera colegiada y escuchando siempre la voz del pueblo”, subrayó.
En el caso de las leyes de agua, el objetivo central es garantizar la accesibilidad económica de los servicios básicos. Se busca impulsar un sistema tarifario transparente y equitativo que evite que los costos de conexión, drenaje y saneamiento representen una barrera para la población, reforzando el derecho humano al agua potable.
Las reformas contemplan tarifas accesibles, exenciones estratégicas y medidas para reducir desigualdades, fomentar la vivienda social y asegurar el acceso universal a estos servicios esenciales.
Simplificación administrativa y certeza jurídica en desarrollo urbano
Por su parte, las reformas a las leyes de asentamientos humanos y acciones urbanísticas tienen como propósito simplificar los procesos de autorización, otorgar mayor certeza jurídica a ciudadanos y promoventes, agilizar los plazos de respuesta de la autoridad y proteger los derechos adquiridos, todo ello con un enfoque responsable para impulsar la vivienda social.
Entre los principales alcances destacan:
Reducción de la burocracia y simplificación de requisitos documentales.
Eliminación de la negativa ficta y discrecionalidad en los plazos.
Obligaciones precisas para la autoridad.
Protección de derechos adquiridos ante cambios en programas municipales.
Criterios objetivos para el ejercicio del derecho de preferencia del Estado.
Facilitación de programas de vivienda social.
Con estas iniciativas, el gobierno estatal busca armonizar el acceso a una vivienda adecuada con servicios básicos, actualizar los esquemas tarifarios y financieros, y modernizar el marco legal para consolidar un modelo de desarrollo urbano sostenible, con reglas claras, eficaces y equitativas, especialmente para los sectores más vulnerables.