Chetumal.— El Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) ha adjudicado contratos por decenas de millones de pesos a empresas que forman parte de un conglomerado empresarial vinculado operativamente a los hermanos Hernández Casillas y favorecido durante la gestión de Guadalupe Taddei como presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), hasta su renuncia en medio de señalamientos de irregularidades contractuales.
La consejera presidenta del IEQROO, Rubí Pacheco, confirmó en entrevista que, para las elecciones judiciales de 2025, el organismo entregó un contrato de 34 millones de pesos a Litho Formas S.A. de C.V. y otro de alrededor de 15 millones a Cajas Graf. También reconoció contrataciones previas con Corporativo Zeg y Seriplás, firmas que aparecen reiteradamente en reportajes sobre proveedores electorales en múltiples estados.
Pacheco indicó que ordenó reunir la documentación de estos contratos para entregarla a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en caso de que sea solicitada. Hasta el momento, señaló, el IEQROO solo conoce los señalamientos de la prensa y no tiene conocimiento de una investigación formal abierta contra estas empresas. Aclaró que ninguna estaba inhabilitada para participar en licitaciones y que, a nivel nacional, son pocas las compañías que compiten por el suministro de material y documentación electoral, lo que genera un acaparamiento del mercado.
Antecedentes
Los contratos en Quintana Roo no son aislados. El conglomerado (que incluye Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Corporativo Zeg, Litho Formas y otras) ha acumulado más de mil millones de pesos en adjudicaciones con Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) de al menos 13 estados desde 2014, periodo en el que Taddei presidió el instituto electoral de Sonora. El patrón señalado por las indagatorias periodísticas y revisiones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la ASF es la presentación de empresas relacionadas como “competidoras” en las mismas licitaciones, lo que reduce la competencia real y facilita la adjudicación al grupo.
En el caso concreto del IEQROO, el contrato IEQROO/LPN/16/2025 (aproximadamente 34.8 millones de pesos) a Litho Formas para la elección judicial de 2025 tuvo como participantes a Cajas Graf, Gráficas Corona y Formas Finas y Materiales, firmas vinculadas al mismo entramado. Anteriormente, en 2022, Cajas Graf ya había obtenido un contrato de casi 30 millones de pesos (IEQROO/LPN/007/2022) durante la presidencia de Mayra San Román.
Defensa institucional y transparencia limitada
Pacheco defendió que, desde que asumió la presidencia del IEQROO en noviembre de 2022, el organismo se ha apegado al reglamento de adquisiciones. Sin embargo, reconoció que no formó parte del comité de adquisiciones hasta febrero de 2024, cuando impulsó una reforma legal para presidirlo, al considerar “inconcebible” que la representante legal no interviniera en las compras. A partir de entonces, las sesiones son públicas, se transmiten en vivo y gana quien presente la mejor oferta.
Esta explicación no despeja las dudas sobre la concentración de proveedores y la posible simulación de competencia, un esquema que las investigaciones federales y periodísticas han identificado de forma reiterada en varios OPLE y en el propio INE. La renuncia de Taddei y la apertura de revisiones por la ASF y la UIF sobre contratos por cientos de millones de pesos con estas empresas elevan el escrutinio sobre las adjudicaciones locales, incluido Quintana Roo.
Mientras no existan resultados oficiales de las auditorías o investigaciones en curso, los contratos se mantienen formalmente válidos. No obstante, la repetición del mismo grupo de proveedores en múltiples estados, la coincidencia temporal con redes de funcionarios cercanos a Taddei y la escasa competencia real constituyen elementos que justifican un escrutinio más profundo de la transparencia y la pluralidad en las compras de material electoral.