Indignación en Puerto Morelos contra alcaldesa Blanca Merari por pedir "cooperacion" forzada para obra pública
Este cargo, que asciende a $3,733 pesos, se suma a otros costos administrativos, generando cuestionamientos sobre su legalidad, transparencia y destino,
Puerto Morelos.— La implementación de un nuevo cobro denominado "Derecho de Cooperación de Obra Pública Municipal" ha desatado una ola de indignación contra la presidenta municipal, Blanca Merari, entre propietarios de terrenos en Puerto Morelos, especialmente en la colonia 23 de Enero, quienes buscan regularizar sus predios ante la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (Agepro). Este cargo, que asciende a $3,733 pesos, se suma a otros costos administrativos, generando cuestionamientos sobre su legalidad, transparencia y destino, en un contexto donde los servicios públicos del municipio presentan deficiencias notorias.
Según habitantes afectados, el cobro del "Derecho de Cooperación de Obra Pública Municipal" apareció como un requisito adicional en los trámites de regularización de predios, sin que las autoridades municipales, encabezadas por la alcaldesa Blanca Merari Tziu Muñoz, hayan proporcionado una explicación clara sobre su origen o justificación. Ahora, además del predial, exigen el pago de $3,733 sin mayor explicación.
Para regularizar un terreno, Agepro pide una constancia de No Adeudo de Cooperación de Obra, que cuesta $3,733, más $622 por la constancia misma. En total, más de $4,300 pesos. Este monto representa una carga significativa para muchas familias de Puerto Morelos, un municipio donde el ingreso promedio es limitado y los servicios básicos, como pavimentación, alumbrado público y seguridad, son objeto de constantes quejas.
El "Derecho de Cooperación de Obra Pública Municipal" no aparece explícitamente en los reglamentos municipales disponibles al público, se quejan los afectados, lo que ha generado sospechas sobre su legalidad. Los inconformes exigen que los regidores expliquen si este cobro fue aprobado en el Cabildo y, de ser así, bajo qué criterios. La opacidad en la información contrasta con las declaraciones de la alcaldesa, quien en marzo de 2025 afirmó que los recursos municipales se invierten “con transparencia” en proyectos que responden a las necesidades de la población.
La molestia por el nuevo cobro se suma a una serie de cuestionamientos hacia la administración de Blanca Merari Tziu, quien asumió la presidencia municipal en 2021 tras el asesinato de su esposo, Ignacio Sánchez Cordero, y fue reelegida en 2024. Desde el inicio de su gestión, Merari ha enfrentado acusaciones de irregularidades financieras y falta de transparencia. En 2022, denunció un quebranto financiero heredado de su predecesora, Laura Fernández Piña, señalando contratos inflados y obras inexistentes por millones de pesos. Sin embargo, su administración no ha escapado de críticas similares.
En noviembre de 2024, el secretario particular de Merari, Abraham Masegosa Raña, fue acusado de cobrar hasta 500 millones de pesos a empresarios inmobiliarios por autorizar construcciones ilegales que violaban el Plan de Desarrollo Urbano (PDU). Asimismo, la regidora Yazmín Vivas Medina, incluida en la planilla de reelección de Merari, ha sido vinculada al cobro de derecho de piso y la desaparición de dos taxistas, lo que ha alimentado la percepción de impunidad en el municipio. Estos antecedentes han erosionado la confianza de los ciudadanos en la gestión municipal, haciendo que el nuevo cobro sea percibido como un abuso más.
Un punto central de las críticas es que los ingresos generados por el "Derecho de Cooperación de Obra Pública Municipal" no se reflejan en mejoras tangibles. Los habitantes de la colonia 23 de Enero señalan que las calles carecen de pavimentación adecuada, el alumbrado público es deficiente y la inseguridad ha aumentado, con Puerto Morelos pasando de ser un municipio tranquilo a registrar incidentes violentos, como el narcomensaje dirigido a Merari en 2022. “Si nos están cobrando para obras públicas, ¿dónde están esas obras?”, cuestionó un vecino.
Los habitantes de Puerto Morelos exigen que la alcaldesa Blanca Merari y el Cabildo expliquen el origen y destino del "Derecho de Cooperación de Obra Pública Municipal", así como su base legal. También demandan que los recursos recaudados se traduzcan en mejoras visibles en servicios públicos, especialmente en colonias marginadas.