Chetumal.— Lidia Rojas Fabro presentó una queja ante el Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) contra el consejero petista-morenista Julio Asrael González Carrillo, presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias, por presunta violencia política en sentido amplio. La denuncia atribuye al funcionario actos de censura y una afectación a su libertad de expresión, a su participación política y a su actividad como militante de Movimiento Ciudadano.
El núcleo del reclamo es el antecedente de González Carrillo como representante propietario del Partido del Trabajo en el recuento total de la elección de Ayuntamiento de Othón P. Blanco de 2024, en la que Rojas Fabro contendió por la presidencia municipal. El PT formaba parte de la coalición Morena–PT–PVEM, cuya planilla resultó ganadora. Según la queja, en ese recuento el ahora consejero defendió los intereses político-electorales del PT y de la coalición, y más tarde, ya como autoridad electoral, votó a favor de retirar dos videos en los que ella criticaba la gestión del gobierno municipal surgido de esa elección.
Esas publicaciones se referían a problemas de Chetumal —inundaciones, baches, alumbrado e inseguridad—. Rojas Fabro sostiene que debe investigarse si el consejero debió excusarse, al resolver sobre críticas a una administración ligada a la coalición cuyos intereses había representado antes, sin que ese antecedente fuera valorado institucionalmente como posible impedimento.
En su planteamiento pide aclarar la participación del consejero y un eventual conflicto de intereses, fijar las responsabilidades que correspondan y que se abstenga de manera temporal de intervenir en asuntos que afecten directamente sus derechos y en la revisión de su propia conducta. También solicita que el expediente se turne al Instituto Nacional Electoral para que evalúe si los hechos podrían configurar causas de remoción.
Rojas Fabro ha señalado que cuestionar los problemas de Chetumal y el desempeño del gobierno forma parte de su libertad de expresión y de su participación política, y que buscará que las instituciones garanticen un debate público abierto y una actuación imparcial de las autoridades electorales.