Madres al límite: La lucha contra la corrupción y la ineficiencia en la justicia por violencia de género
Amira Cárdenas Tuyub, representante del FNM, señaló con contundencia a la jueza Nínive de Fátima Castro Mendoza como una de las responsables de perpetuar la impunidad
Chetumal.- En un nuevo capítulo de indignación y resistencia, el Frente Nacional Mujeres (FNM) volvió a tomar las calles para exigir justicia expedita y transparente en casos de violencia hacia mujeres, particularmente en los litigios por la custodia de menores. La protesta, realizada frente a la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia, expuso un sistema judicial que, según las manifestantes, está plagado de corrupción, dilación y negligencia, perpetuando agravios no solo contra las madres, sino también contra los menores en disputa.
El FNM, que desde agosto de 2024 asiste a 15 mujeres víctimas de violencia vicaria —una forma de violencia de género ejercida a través de los hijos para dañar a la madre—, denunció que los casos de estas mujeres, iniciados en 2020, siguen sin resolverse. Pero su labor no se limita a la violencia vicaria: el colectivo acompaña a mujeres que enfrentan violencia económica, patrimonial, sexual, psicológica, institucional y familiar, en un contexto donde las instituciones parecen fallarles sistemáticamente.
Corrupción judicial: un obstáculo insalvable
Amira Cárdenas Tuyub, representante del FNM, señaló con contundencia a la jueza Nínive de Fátima Castro Mendoza como una de las responsables de perpetuar la impunidad. Según las denuncias, Castro Mendoza ha favorecido a los padres en disputas de custodia, incluso en casos donde los menores sufren maltratos por parte del familiar que los tiene bajo su cuidado. A esto se suma la imposición de pensiones alimenticias desproporcionadas a las madres, lo que agrava su vulnerabilidad económica. Estas acusaciones no son aisladas: reportes de organizaciones como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio han documentado cómo la corrupción en el poder judicial obstaculiza la justicia para las mujeres en México, especialmente en casos de violencia de género.
El problema no se detiene en las decisiones judiciales. La falta de peritos especializados en violencia de género y derechos de la infancia complica aún más los procesos. Sin personal capacitado para evaluar adecuadamente las circunstancias de cada caso, las resoluciones suelen basarse en criterios subjetivos o influenciados por intereses externos, dejando a las madres en una posición de desventaja.
Una procuraduría bajo fuego
La protesta también puso en la mira a Aida Isis González Gómez, directora de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia. Las manifestantes la acusaron de indolencia ante las limitaciones de su institución, que carece de personal suficiente y muestra una inacción alarmante frente a los casos pendientes. La exigencia de su destitución resonó entre pancartas y consignas, reflejando la frustración de un colectivo que no ve avances concretos en la protección de los derechos de las mujeres y los menores.
La clausura simbólica de las instalaciones de la procuraduría, acompañada de mantas y una marcha por las calles aledañas, fue un acto de visibilización que buscó presionar a las autoridades para actuar. Este tipo de manifestaciones no son nuevas: en 2023, el FNM y otros colectivos feministas realizaron acciones similares en varias entidades, denunciando la misma ineficiencia y complicidad institucional que hoy critican.
Un intento de diálogo, pero ¿será suficiente?
La intervención de María Hadad Castillo, subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, logró que las manifestantes fueran recibidas por la titular de la procuraduría. El resultado fue el compromiso de establecer una mesa de trabajo con el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), con el objetivo de revisar cada caso de manera individual. Sin embargo, este tipo de acuerdos no es nuevo, y las promesas de mesas de diálogo han sido cuestionadas por su falta de resultados tangibles. En 2022, por ejemplo, se acordaron medidas similares en otras entidades, pero los avances reportados fueron mínimos, según datos de la Red Nacional de Refugios.
El contexto: una crisis estructural
La lucha del FNM no es un caso aislado, sino un reflejo de una crisis estructural en el sistema de justicia mexicano. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2023, el 70.1% de las mujeres en México reportaron haber sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, y la violencia vicaria ha ganado visibilidad como una de las formas más crueles de agresión. A esto se suma la impunidad: de acuerdo con México Evalúa, solo el 5% de los casos de violencia de género denunciados en el país culminan en una sentencia condenatoria.
La falta de recursos y personal especializado en las procuradurías y tribunales, combinada con prácticas corruptas, perpetúa un círculo vicioso que castiga a las víctimas en lugar de protegerlas. En este escenario, las madres que luchan por la custodia de sus hijos no solo enfrentan a sus agresores, sino a un sistema que parece diseñado para desgastarlas.
Una lucha que no termina
La protesta del FNM es un recordatorio de que la justicia, para muchas mujeres en México, sigue siendo una promesa lejana. Mientras las autoridades no aborden de manera integral la corrupción, la falta de capacitación y la insuficiencia de recursos, las madres seguirán enfrentando un camino lleno de obstáculos para proteger sus derechos y los de sus hijos. La mesa de trabajo acordada puede ser un primer paso, pero sin un compromiso real y medible, corre el riesgo de convertirse en otra promesa vacía.
El FNM y las mujeres que representa no solo exigen celeridad y transparencia; exigen dignidad. En un país donde la violencia de género es una emergencia nacional, su lucha es un llamado urgente a transformar un sistema que, hasta ahora, ha demostrado estar más del lado de los agresores que de las víctimas.