Mary Hernández en problemas en FCP: No pudo justificar 27 MDP de fondos federales; la ASF le da plazo de 30 días para cumplir
Estos recursos provienen de fondos federales clave.
Felipe Carrillo Puerto.— La presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto, Mary Hernández, enfrenta una grave situación por no haber podido justificar ni comprobar adecuadamente 27 millones 735 mil pesos de recursos públicos federales correspondientes al ejercicio fiscal 2024, según el informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Este monto representa más del 53% de la muestra auditada (52 millones 39.6 mil pesos), lo que evidencia una gestión cuestionable de fondos destinados principalmente a infraestructura social y fortalecimiento municipal en uno de los municipios con mayores necesidades de Quintana Roo.
Las irregularidades detectadas por la ASF incluyen:
Falta de comprobación en la compra de bienes por más de 3 millones de pesos (pagados con recursos del Fortamun), sin acreditar la entrada a almacén ni la recepción formal de los mismos.
Deficiencias técnicas en obras de pavimentación y ampliación de redes de agua potable por más de 24 millones de pesos, donde no se presentaron pruebas de laboratorio suficientes para garantizar la calidad de los trabajos ejecutados.
Estos recursos provienen de fondos federales clave: el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Faismun), el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun) y las Participaciones Federales a Municipios, destinados a beneficiar a comunidades vulnerables.
Aunque el ayuntamiento intentó solventar las observaciones presentando documentación, la ASF la consideró insuficiente, determinando un probable daño a la Hacienda Pública Federal por el monto observado, más los rendimientos financieros correspondientes desde la disposición de los recursos. La alcaldesa cuenta ahora con un plazo de 30 días hábiles para presentar argumentos técnicos y pruebas adicionales ante la ASF. Posteriormente, el órgano fiscalizador tiene hasta 120 días hábiles para analizar la información y emitir su determinación final.
De no lograrse una solventación adecuada, las consecuencias pueden ser severas: emisión de un pliego de observaciones que obligue al reintegro de los recursos a las arcas federales o municipales, procedimientos por faltas administrativas graves o no graves, sanciones a servidores públicos involucrados e, incluso, denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) si se configuran delitos como peculado o desvío de recursos públicos.
Este caso pone en entredicho la transparencia y el manejo responsable de fondos federales en la administración de Mary Hernández, especialmente en un municipio con alta marginación donde cada peso debería destinarse efectivamente a obras y servicios que impacten directamente a la población. La ASF ha sido clara: la falta de comprobantes y evidencias técnicas no es un error menor, sino una irregularidad que podría derivar en responsabilidades patrimoniales, administrativas y penales. La ciudadanía espera respuestas concretas y no excusas, ya que se trata de recursos que pertenecen a todos los mexicanos.