Ciudad de México.— La Senadora Mayuli Martínez (PAN, Quintana Roo) llevó unos 20 kilos de sargazo a la tribuna del Senado durante el debate del paquete económico 2027. Pidió no subir el Derecho de No Residente (DNR), asignar recursos al combate de la macroalga y recuperar fondos para promoción turística. El gesto es simbólico, pero el problema es estructural y de escala muy distinta.
Martínez utilizó la muestra de alga para llamar la atención sobre los recales que afectan playas, turismo y empleos en el Caribe mexicano. Presentó reservas sobre financiamiento contra el sargazo, promoción turística y su rechazo al alza del DNR. Criticó que el presupuesto 2027 no contemple recursos para promoción turística (dijo “cero pesos”) y señaló que la distribución propuesta del DNR destinaba alrededor de 57 % a la Secretaría de la Defensa Nacional, 15 % al Instituto Nacional de Migración y 28 % a la Tesorería. Propuso redirigir una parte importante (habló de 50 % en algún planteamiento) a promoción y garantizar partidas específicas para el sargazo. Recordó que, antes de la desaparición del Consejo de Promoción Turística, una porción mayor se destinaba a esa área.
El contexto real es más contundente que 20 kilos. En 2026 Quintana Roo ya había recolectado más de 153 mil toneladas de sargazo (algunas cifras hablan de 155 mil), superando con claridad los volúmenes de 2025 (alrededor de 96 mil toneladas en reportes previos). Se trata de un récord y de un fenómeno que dejó de ser estacional. El gobierno federal ha anunciado inversiones del orden de 2 mil millones de pesos en la estrategia integral (barcos sargaceros, barreras, monitoreo satelital y recolección en mar y playa), y la Marina ha participado de forma significativa en la recolección. Aun así, el volumen que llega sigue siendo enorme y las causas de fondo (temperatura del océano, nutrientes desde el Amazonas y costas africanas, entre otras) escapan a las capacidades de limpieza local.
Sobre el DNR: la cuota vigente en 2026 era de 983 pesos; la propuesta que llegó al Senado contemplaba subirla a 1,158 pesos (aumento de 17.8 %, después de que se redujera una alza original más alta, cercana al 35 %). El gobierno ha defendido que los recursos adicionales sirvan para modernizar controles migratorios y agilizar entradas. El sector turístico y la senadora argumentan que encarece el destino y que Quintana Roo genera gran parte de esa recaudación federal sin que vuelva proporcionalmente a atender sus problemas más visibles. Históricamente el DNR tuvo un componente más orientado a promoción; esa lógica se diluyó.
El gesto de llevar sargazo al pleno es típico de la política performativa: llama la atención mediática y registra el voto de los colegas de Morena por Quintana Roo (a quienes Martínez ha retado públicamente). Tiene el mérito de poner el tema en la mesa presupuestal, pero no resuelve la escala del problema ni las causas. La inversión federal existe y ha crecido, aunque puede considerarse insuficiente o mal distribuida si se compara con el peso del turismo en la economía nacional y estatal (el sector representa un porcentaje relevante del PIB y es dominante en Quintana Roo).
Al mismo tiempo, oponerse a cualquier ajuste del DNR mientras se exige más recursos genera una tensión evidente: alguien tiene que pagar la limpieza y la contención permanente. La priorización de Sedena en la distribución de los fondos también merece escrutinio, igual que la falta de una partida estructural y de largo plazo para un fenómeno que ya no es “emergencia temporal”. Llevar 20 kilos al Senado no sustituye un plan de contención en alta mar a gran escala, monitoreo, aprovechamiento de la biomasa o cooperación internacional. Es un recordatorio visible, no una solución.