Menonitas devastan 30 mil hectáreas de selva en Bacalar, Gobierno de QR y Profepa inician procedimientos para desalojarlos
Rébora explicó que se está diseñando una estrategia para desalojar a los responsables y restaurar los terrenos dañados.
Chetumal.— El Gobierno de Quintana Roo, en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), ha iniciado procedimientos legales contra la comunidad menonita establecida en Bacalar, debido a la devastación de más de 30 mil hectáreas de selva en la región. Como primera medida, se colocaron sellos de clausura en uno de los predios afectados, según informó Óscar Rébora, secretario de Medio Ambiente del estado.
Rébora explicó que se está diseñando una estrategia para desalojar a los responsables y restaurar los terrenos dañados. “Expertos nos han indicado que muchos de los pesticidas utilizados por la comunidad menonita son altamente agresivos para el suelo, por lo que es necesario evaluar el grado de rehabilitación posible”, señaló el funcionario. Esta acción responde a los severos impactos ambientales causados por el desmonte masivo de selva en el sur de Quintana Roo.
Desde la administración federal anterior, se estableció una mesa de atención interinstitucional para abordar la problemática con los menonitas, en la que participan los tres niveles de gobierno: la Profepa, la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Ayuntamiento de Bacalar. Sin embargo, tras el cambio de administración federal, esta mesa se pausó y recientemente fue reactivada para definir la ruta jurídica que permita actuar contra la deforestación. La clausura del primer predio marca el inicio de estas acciones legales.
Por su parte, la Profepa anunció que interpondrá siete denuncias penales por el desmonte de selva en la Península de Yucatán, atribuido a comunidades menonitas. Según la dependencia, las Subprocuradurías de Recursos Naturales y de Litigio y Justicia Ambiental, en conjunto con la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Ambientales (FEIDA) de la Fiscalía General de la República (FGR), ya presentaron dos denuncias por violaciones al artículo 418 del Código Penal Federal, relacionadas con el cambio ilegal de uso de suelo en terrenos forestales. Estas denuncias se refieren a predios en Calakmul, Campeche, y Tekax, Yucatán, pero se espera que se apliquen medidas similares en los casos de Othón P. Blanco, Quintana Roo, donde también se han clausurado predios.
El Gobierno de Quintana Roo y las autoridades federales continuarán trabajando en la restauración de las áreas afectadas y en la aplicación de la ley para sancionar las actividades que han generado un grave daño ambiental en la región.


