Niño de 12 años baleado en Tulum: Violencia no cesa en el municipio gobernado por Diego Castañón
La administración de Castañón Trejo, lejos de ser una solución, parece ser parte del problema.
Tulum.— La idílica postal de playas turquesa y ruinas mayas que alguna vez definió a Tulum se desvanece bajo el peso de una realidad brutal: la violencia desbocada y la corrupción institucional en el gobierno municipal de Diego Castañón. Este martes, un ataque armado en la zona de invasión 2 de Octubre dejó un saldo de dos heridos: un hombre de 31 años, con tres impactos de bala en el brazo y la parrilla costal izquierda, y un niño de 12 años, herido en el hombro y la espalda, cerca del omóplato. Ambos luchan por su vida en un hospital local, mientras la comunidad, conmocionada, exige respuestas que las autoridades parecen incapaces de ofrecer.
El incidente no es un hecho aislado. Tulum, bajo la administración de Diego Castañón Trejo, alcalde emanado del Partido Verde pero hoy alineado con Morena, se ha consolidado como uno de los municipios más violentos de México, solo por debajo de Cancún. La reciente calma en este destino turístico, promovida como un logro oficial, resultó ser un espejismo. La Policía Ministerial acordonó la zona y abrió una investigación, pero la falta de resultados en casos previos alimenta el escepticismo. ¿Quiénes son los responsables? ¿Por qué la violencia se enquista en un lugar que debería ser un bastión de seguridad para locales y turistas?
La respuesta trasciende las balas. La violencia en Tulum no puede entenderse sin el contexto de una administración municipal sumida en el cinismo y el desfalco. Castañón Trejo, un operador político regiomontano, ha convertido el municipio en un feudo donde la corrupción florece con impunidad. En 2024, su gobierno firmó un contrato por $5.027 millones con Casanova Vallejo S.A. de C.V., una empresa inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública, para arrendar 10 patrullas modelo 2021 a un costo exorbitante de $502 mil por unidad durante ocho meses, sin opción a compra ni justificación técnica. El contrato, avalado por figuras clave como el oficial mayor Bernabé Antonio Miranda, el tesorero Vicente Aldape Moncada y el ex secretario de seguridad Ricardo Morales, es solo la punta del iceberg.
Y mientras un niño de 12 años pelea por su vida, Tulum se desangra no solo por la violencia, sino por el saqueo sistemático de sus recursos y la traición a su gente. La administración de Castañón Trejo, lejos de ser una solución, parece ser parte del problema.
Otros escándalos pintan un panorama igualmente sombrío. Se desviaron $6.8 millones mediante “ayudas sociales” a beneficiarios fantasma, recursos que, según denuncias, habrían financiado la campaña de reelección de Castañón. Además, se pagaron $3.48 millones a JIVRA Computers & Systems, una empresa ligada al partido guinda, para destruir documentos del archivo municipal, en un movimiento que huele a encubrimiento. Incluso la compra de una camioneta Frontier 2024 por $893,200 a Grupo Munizo S.A. de C.V., una empresa sin experiencia en protección civil, levanta sospechas sobre la transparencia en el uso de recursos públicos.
El engranaje de esta maquinaria corrupta no estaría completo sin mencionar a Agustín Lara Souza, secretario particular de Castañón y señalado por la PGR por lavado de dinero durante el sexenio de Roberto Borge, exgobernador actualmente preso.
La pregunta no es sólo quién apretó el gatillo en la zona 2 de Octubre, sino quién permite que las balas sigan volando. La respuesta, por ahora, está en la opacidad de un gobierno que ha perdido la brújula moral y en una ciudadanía que, entre el miedo y la indignación, comienza a exigir justicia.
La crisis de Tulum no es solo un titular; es un grito de auxilio. Sin un cambio profundo, el paraíso seguirá siendo un campo de batalla.