Obispo de Quintana Roo critica elección judicial: “Una farsa que socava la justicia”
Elizondo anunció que no participará en la votación, argumentando que el mecanismo carece de legitimidad y transparencia, lo que podría comprometer la independencia judicial.
Cancún.- En un pronunciamiento contundente, el obispo de la prelatura Cancún-Chetumal, Pedro Pablo Elizondo, calificó como “una farsa” el proceso de elección popular de jueces y magistrados del Poder Judicial, programado para el 1 de junio de 2025 en México. Esta declaración, refleja no solo la postura personal del líder religioso, sino también un creciente malestar en sectores de la sociedad mexicana sobre las reformas impulsadas por el gobierno federal. Elizondo anunció que no participará en la votación, argumentando que el mecanismo carece de legitimidad y transparencia, lo que podría comprometer la independencia judicial.
El contexto de esta crítica no es menor. La reforma judicial, aprobada en 2024, busca que los ciudadanos elijan directamente a magistrados, jueces y ministros, un cambio promovido como un avance hacia la democratización del Poder Judicial. Sin embargo, detractores como Elizondo advierten que este proceso, lejos de fortalecer la justicia, podría politizarla y abrir la puerta a la influencia de grupos de poder. El obispo, conocido por su franqueza en temas sociales, señaló que la selección de candidatos está viciada desde su origen, sugiriendo que los perfiles propuestos responden más a intereses políticos que a méritos profesionales.
El pronunciamiento ha generado reacciones polarizadas. Por un lado, algunos ciudadanos y sectores conservadores aplauden la postura de Elizondo, viéndola como una defensa valiente de la integridad institucional. Por otro, defensores de la reforma argumentan que la elección popular es un paso necesario para romper con un sistema judicial históricamente elitista y desconectado de la ciudadanía. Sin embargo, datos verificados muestran que la implementación de la reforma enfrenta desafíos significativos, la falta de claridad en los criterios de selección de candidatos y la limitada participación ciudadana en el diseño del proceso han sido puntos de crítica recurrentes en análisis independientes.
El debate trasciende el ámbito religioso y toca fibras sensibles en un país donde la confianza en las instituciones está erosionada. Según encuestas recientes del INEGI, solo el 43% de los mexicanos confía en el Poder Judicial, lo que pone en perspectiva la urgencia de reformas, pero también el riesgo de que cambios mal ejecutados profundicen la desconfianza. La postura de Elizondo, aunque no exenta de controversia, invita a un análisis crítico: ¿es la elección popular una solución genuina o un experimento populista que podría debilitar aún más el estado de derecho?
En un país donde la justicia es un anhelo colectivo, las palabras del obispo resuenan como un llamado a cuestionar no solo el proceso, sino las intenciones detrás de él. La elección del 1 de junio será un termómetro para medir si México avanza hacia una democracia más participativa o si, como advierte Elizondo, se está construyendo una “farsa” que amenaza con desmantelar la independencia judicial.