Obra de Sedena continúa en Laguna de Bacalar pese a daño ambiental gracias a nuevos jueces del Poder Judicial beneficiados con los acordeones
La decisión se tomó en el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún
Bacalar.— Las obras de la “casa de descanso” militar a orillas de la Laguna de Bacalar avanzan sin Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), impulsadas por la Sedena y avaladas en fast-track por los nuevos magistrados del Poder Judicial Federal —electos el 1 de junio y beneficiados con los “acordeones” electorales—, quienes revocaron la suspensión que protegía el ecosistema kárstico pese a las graves irregularidades ambientales y en contra de criterios firmes de la Suprema Corte.
Dos magistrados elegidos en los comicios del Poder Judicial Federal del 1 de junio votaron por levantar la suspensión que salvaguardaba el derecho a un medio ambiente sano en la Laguna de Bacalar, donde la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) edifica una “casa de descanso” sin haber tramitado previamente una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).
La decisión se tomó en el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, integrado por los magistrados Teddy Abraham Torres López, Aarón Alberto Pereira Lizama y Lina Victoria Bolio Pasos. En la votación, Bolio Pasos y Pereira Lizama —ambos electos popularmente— apoyaron la revocación, mientras que Torres López fue el único disidente. Este último destaca en su trayectoria por una formación judicial de carrera, con capacitaciones especializadas en materia ambiental.
Torres López cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán (1995-2000) y obtuvo un doctorado en Derechos Humanos en la Universidad del Sur.
José Mario de la Garza, abogado de litigio estratégico en Proyecto de Justicia Común (PROJUC) —una organización ciudadana juvenil por la justicia en México—, denunció en su cuenta de X (antes Twitter) las implicaciones del nuevo Poder Judicial en este caso. “Un tribunal que pierde imparcialidad, que se inclina abiertamente por la Sedena y contra la Constitución, ignorando criterios consolidados de la Suprema Corte”, publicó.
El amparo en defensa de la Laguna de Bacalar
La suspensión original fue concedida por un juez tras una demanda de amparo interpuesta por PROJUC y la asociación Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), con el fin de proteger el ecosistema kárstico único y vulnerable de la laguna ante la obra irregular de la Sedena.
El juez otorgó la medida cautelar al detectar graves irregularidades ambientales. De la Garza criticó que revocar la suspensión por “falta de interés legítimo” representa una interpretación regresiva e insostenible jurídicamente. Recordó que la Suprema Corte ha mandatado flexibilizar el acceso al amparo en temas ambientales para priorizar la protección de ecosistemas y la participación ciudadana.
Tras la demanda, el Juez Primero de Distrito en Quintana Roo (sede Chetumal) concedió suspensión provisional y luego definitiva, ordenando paralizar totalmente la construcción. Antes de la entrada de los nuevos juzgadores por la reforma judicial, el juez saliente dispuso de oficio peritajes ambientales para acreditar el daño en la laguna.
Pese a las suspensiones, la Sedena intentó sin éxito revocarlas mediante un incidente que perdió por falta de sustento jurídico. Luego presentó recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado, donde Bolio Pasos fue ponente y Pereira Lizama —beneficiado por los “acordeones” electorales— votó a favor.
Magistrados sin experiencia judicial en la revocación
El Tribunal está conformado por Torres López, Pereira Lizama y Bolio Pasos. Según datos del INE para la elección judicial, Bolio Pasos es licenciada en Derecho con maestría en Derecho Fiscal y formación en legislación fiscal y administrativa. Cursó diplomados en Juicio de Amparo y Derechos Humanos (SCJN), Hacienda Pública Municipal (INAFED) y cursos en Derecho Agrario y Juicio de Nulidad Federal. Su experiencia se limita a la Unidad Jurídica de la Tesorería Municipal de Benito Juárez (Quintana Roo), sin antecedentes en funciones judiciales.
Pereira Lizama, licenciado en Derecho con maestría en Procesal Civil y doctorado en Penal, cuenta con diplomado en Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y cursos en Derechos Humanos, Género y Extinción de Dominio. En la elección, ocupó el número 27 en la boleta y fue señalado como beneficiario de los acordeones. En su visión de justicia, enfatiza proteger derechos humanos y buscar justicia social con sensibilidad a los problemas del pueblo.