Ordenan suspensión definitiva del Cuarto Muelle de Cozumel por impacto ambiental
El fallo se basa en la omisión de información relevante sobre el arrecife Villablanca.
Cozumel.— El Juzgado Segundo de Distrito ordenó la suspensión definitiva del proyecto del cuarto muelle de Cozumel, promovido por la empresa Muelles del Caribe. Esta decisión responde a un amparo interpuesto en julio de 2025 por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), que argumentó irregularidades en el proceso de autorización ambiental. La resolución judicial anula el resolutivo de impacto ambiental otorgado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en 2021, prohibiendo a la empresa realizar cualquier tipo de obra en el sitio.
El fallo se basa en la omisión de información relevante sobre el arrecife Villablanca, ubicado en el lecho marino del área destinada al proyecto. Este arrecife, parte del ecosistema del Parque Nacional Arrecifes de Cozumel, es crucial para la biodiversidad marina y el equilibrio ecológico de la región. La falta de consideración de su presencia en los estudios de impacto ambiental presentados por Muelles del Caribe fue determinante para que el juzgado considerara que el proyecto vulnera el derecho a un medio ambiente sano, protegido por la Constitución mexicana.
La controversia por la construcción del cuarto muelle en Cozumel ha generado un amplio debate en los últimos años, enfrentando intereses económicos, turísticos y ambientales. Cozumel, una isla en el Caribe mexicano, es uno de los principales destinos de cruceros a nivel mundial, recibiendo millones de turistas anualmente. Según datos de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo), los muelles existentes (Punta Langosta, SSA México e Internacional) manejaron en 2024 cerca de 4.5 millones de pasajeros de cruceros, lo que representa una presión significativa sobre los ecosistemas marinos locales.
El proyecto del cuarto muelle, propuesto por Muelles del Caribe, buscaba aumentar la capacidad de recepción de cruceros para impulsar el turismo y la economía local. Sin embargo, desde su anuncio, enfrentó oposición de organizaciones ambientales, comunidades locales y expertos en conservación. El Parque Nacional Arrecifes de Cozumel, declarado Área Natural Protegida en 1996, alberga uno de los sistemas arrecifales más importantes del mundo, parte del Gran Arrecife Mesoamericano. Estudios realizados por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) han señalado que el incremento en la actividad portuaria podría agravar el deterioro de los corales, ya afectados por el cambio climático, el blanqueamiento y la contaminación.
El Cemda, junto con otras organizaciones, argumentó que el resolutivo de Semarnat omitió información clave sobre los impactos al arrecife Villablanca, un ecosistema vital que alberga especies protegidas y contribuye a la protección costera de la isla. Además, señalaron que el proceso de consulta pública fue insuficiente, violando el derecho de las comunidades locales a participar en decisiones que afectan su entorno, como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por México.
Por su parte, Muelles del Caribe y sectores empresariales locales han defendido el proyecto, argumentando que generaría empleos y beneficios económicos para Cozumel. Según un informe de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de Cozumel, el turismo de cruceros representa aproximadamente el 60% de los ingresos turísticos de la isla. Sin embargo, la oposición ha destacado que el daño ambiental podría tener consecuencias a largo plazo, afectando no solo la biodiversidad, sino también el atractivo turístico de Cozumel, que depende en gran medida de sus arrecifes.
La suspensión definitiva implica que Muelles del Caribe no podrá realizar ninguna actividad relacionada con la construcción del muelle, incluyendo la remoción de corales o cualquier intervención en el lecho marino. La decisión refuerza la importancia de cumplir con la legislación ambiental mexicana, como la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), y establece un precedente para la protección de áreas naturales protegidas frente a proyectos de infraestructura.
Organizaciones como Cemda han celebrado el fallo como una victoria para la conservación marina, aunque advierten que la presión para desarrollar proyectos similares podría continuar. Por su parte, las autoridades locales y federales deberán revisar los procesos de autorización ambiental para garantizar que futuros proyectos cumplan con los estándares de transparencia y evaluación de impacto ambiental.