Playa del Carmen pierde control de recursos indígenas: ¿Avance o retroceso para las comunidades mayas?
Ahora, estas comunidades deberán gestionar directamente los fondos ante instancias federales como la Secretaría del Bienestar o la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
Playa del Carmen.- En un cambio significativo, los casi 10 millones de pesos destinados por el gobierno federal para apoyar a las comunidades indígenas de Playa del Carmen, ya no serán administrados por el Ayuntamiento de Playa del Carmen. Ahora, estas comunidades deberán gestionar directamente los fondos ante instancias federales como la Secretaría del Bienestar o la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), según informó el regidor Juan Novelo Zapata, presidente de la Comisión Edilicia de Asuntos Indígenas. Este ajuste, anunciado el 27 de mayo, ha generado un debate sobre si representa una oportunidad para la autonomía indígena o un obstáculo burocrático que podría limitar el acceso a estos recursos.
Contexto: Un cambio en la gestión de recursos
El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), que incluye el componente indígena (FAISPIAM) creado el 16 de enero de 2025, asigna al menos el 10% de sus recursos —12,374 millones de pesos a nivel nacional— a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. En Playa del Carmen, los 10 millones de pesos del Programa Operativo Anual (POA) estaban destinados a acciones sociales e infraestructura en comunidades como Hidalgo y Cortés, y Punta Laguna. Sin embargo, la Federación ha decidido que el municipio retendrá solo 450,000 pesos, dejando el resto bajo gestión directa de las comunidades ante dependencias federales.
Este cambio responde a una reforma al artículo 2 constitucional, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, promoviendo que administren directamente sus recursos para garantizar transparencia y justicia social. Sin embargo, la falta de claridad en las reglas de operación del FAISPIAM, aún no publicadas, y la necesidad de que las comunidades presenten proyectos competitivos a nivel nacional plantean retos significativos.
Análisis crítico: ¿Autonomía o burocracia?
Por un lado, la gestión directa por parte de las comunidades podría empoderarlas, permitiéndoles priorizar proyectos acordes con sus necesidades, como la preservación de la cultura maya o el desarrollo ecoturístico en Punta Laguna, un sitio conocido por su laguna y atractivo natural. Sin embargo, el proceso no está exento de críticas. La exigencia de presentar proyectos ante instancias federales, evaluados a nivel nacional, podría ser un obstáculo para comunidades con limitado acceso a recursos técnicos o experiencia administrativa. En un contexto donde comunidades como Hidalgo y Cortés enfrentan disputas territoriales con Yucatán, la falta de certeza jurídica podría complicar aún más la ejecución de proyectos de infraestructura.
Además, experiencias previas, como en Juxtlahuaca, Oaxaca, donde entre 2018 y 2021 se “esfumaron” 26 millones de pesos destinados a 38 obras indígenas por decisiones municipales, generan escepticismo sobre la transparencia en la gestión de recursos. Aunque el caso de Playa del Carmen no implica desvíos, la centralización federal podría repetir errores si no se acompaña de capacitación y apoyo técnico a las comunidades.
Un precedente preocupante
La decisión también se enmarca en un historial de desafíos para las comunidades indígenas de Playa del Carmen, que incluyen 36 comunidades pluriculturales atendidas por la Unidad de Asuntos Indígenas. A pesar de esfuerzos pasados, como programas educativos y de salud, persisten carencias en servicios básicos y certeza jurídica sobre tierras, agravadas por proyectos como el Tren Maya, que han generado tensiones por invasiones de terrenos.
Conclusión: Un camino incierto
La transferencia de la gestión de recursos a las comunidades indígenas de Playa del Carmen busca cumplir con el principio de justicia social y autonomía, pero su éxito dependerá de la capacidad de las comunidades para navegar un sistema burocrático complejo y de la claridad en las reglas de operación del FAISPIAM. Sin un acompañamiento efectivo, este cambio podría convertirse en una barrera más que en una oportunidad. Mientras tanto, el municipio de Playa del Carmen, que históricamente ha enfrentado retos por su rápido crecimiento y dependencia del turismo, debe replantear su papel en el apoyo a estas comunidades para evitar que queden rezagadas en un proceso que, en teoría, busca priorizarlas.