PROFEPA clausura tres obras irregulares en medio de la opacidad del gobierno municipal de Blanca Merari
Blanca Merari Tziu Muñoz, mantiene en la opacidad el Programa Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU), alimentando sospechas de intereses millonarios detrás de estas construcciones.
Por: Esmaragdo Camaz
Puerto Morelos.— La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) intensificó su presencia en Puerto Morelos del 27 al 30 de mayo, con un operativo de inspección y vigilancia que destapó graves irregularidades en desarrollos inmobiliarios que proliferan sin autorizaciones ambientales en la frágil zona costera de este municipio. Las clausuras de obras evidencian un descontrol en el cumplimiento de la normatividad ambiental, mientras la presidenta municipal, Blanca Merari Tziu Muñoz, mantiene en la opacidad el Programa Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU), alimentando sospechas de intereses millonarios detrás de estas construcciones.
El operativo de PROFEPA se desató tras denuncias ciudadanas sobre el auge de proyectos inmobiliarios que amenazan los ecosistemas costeros de Puerto Morelos, ubicado entre el Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos y el Área de Protección de Flora y Fauna Manglares de Puerto Morelos.
El 27 de mayo, los inspectores clausuraron temporalmente una vivienda de dos niveles en construcción, con aproximadamente mil metros cuadrados, debido a la falta de autorización en materia de impacto ambiental, violando el artículo 28, fracción IX, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Se abrió un expediente administrativo, ya que el responsable no presentó los permisos requeridos.
Un caso aún más alarmante ocurrió el 28 de mayo, cuando PROFEPA clausuró otra obra de cinco niveles que ya había sido sancionada en marzo de 2024. En aquella ocasión, se le ordenó al desarrollador detener la construcción y obtener la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Sin embargo, los inspectores constataron que las obras continuaron, pasando de un simple terraplén a una estructura de cinco pisos. Aunque el responsable presentó una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), esta no ha sido aprobada, lo que prohíbe cualquier avance en la construcción. Este caso pone en evidencia una flagrante desobediencia a las medidas correctivas impuestas por la autoridad federal.
El 29 de mayo, otra inspección reveló una construcción con pilotes de concreto y material pétreo en un área costera. El visitado mostró un permiso de Semarnat para rehabilitar una vivienda de dos niveles ya demolida, pero las actividades observadas no correspondían a lo autorizado, lo que derivó en una nueva clausura temporal.
Finalmente, el 30 de mayo, PROFEPA realizó un recorrido de prospección para identificar más desarrollos en proceso, los cuales serán inspeccionados próximamente. “Continuaremos con operativos para garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental y atender las denuncias ciudadanas”, afirmó la procuradora Mariana Boy Tamborrell, subrayando la importancia de proteger Puerto Morelos, un enclave ecológico de valor incalculable.
Estas acciones de PROFEPA confirman las preocupaciones expresadas en una noticia publicada ayer, 3 de junio, en Expediente Quintana Roo, en la que se alertaba sobre el impacto de proyectos como “Sole Blu Ocean Living”, un coloso de cinco niveles y 8,555 toneladas que amenaza la estabilidad de la costa arenosa de Puerto Morelos. Este edificio, con una inversión estimada de hasta 86 millones de dólares, simboliza el avance desmedido de desarrollos inmobiliarios que rompen con la armonía horizontal del municipio y generan riesgos de erosión y daño a los ecosistemas marinos. La noticia destacaba cómo estos proyectos avanzan sin transparencia en los permisos ambientales y municipales, mientras los habitantes temen que Puerto Morelos pierda su esencia apacible y se convierta en un nuevo Cancún o Playa del Carmen, con problemas de saturación, inseguridad y degradación ambiental.
En el centro de esta controversia está la presidenta municipal, Blanca Merari Tziu Muñoz, quien, en su segundo periodo, no ha presentado el PMDU actualizado, a pesar de prometer su publicación para julio o agosto de este año. La ausencia de este documento, crucial para regular el desarrollo urbano y evitar la sobre densificación, genera sospechas de que la administración municipal podría estar favoreciendo intereses inmobiliarios millonarios. La anulación parcial del Plan de Desarrollo Urbano 2020-2030 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2023, debido a su falta de participación ciudadana y garantías ambientales, obliga al Ayuntamiento a transparentar y actualizar este plan, pero la demora solo profundiza la desconfianza.
Organizaciones como Voces Unidas de Puerto Morelos y Transparencia por Quintana Roo han criticado duramente la permisividad del gobierno local, señalando que el actual PDU permite densidades de hasta 500 viviendas por hectárea en áreas residenciales y 200 habitaciones por hectárea en zonas turísticas, lo que contradice el deseo de los habitantes de preservar un municipio de construcciones bajas. La opacidad en la gestión de Blanca Merari, combinada con las irregularidades detectadas por PROFEPA, plantea una pregunta inevitable: ¿quién se beneficia de este boom inmobiliario que amenaza el futuro de Puerto Morelos?
Mientras las grúas siguen operando y las clausuras de PROFEPA se acumulan, los habitantes de Puerto Morelos exigen respuestas. La protección de su entorno natural, pilar de su identidad como pueblo pesquero y refugio de tranquilidad, está en juego. La presión sobre la alcaldesa para que publique el PMDU y esclarezca los permisos otorgados a estas obras crece, al igual que la vigilancia ciudadana para evitar que este destino se convierta en otra víctima del desarrollo descontrolado.