Propiedades de playa en la mira del lavado de dinero; nueva disposición complicará transacciones inmobiliarias
El sector inmobiliario es la segunda industria más productiva en entidades costeras como Quintana Roo, solo por detrás del turismo.
Cancún.— En un reciente desarrollo normativo, la adquisición de propiedades costeras en México ha sido incluida en la lista de actividades vulnerables al lavado de dinero, según lo establecido en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Esta medida, implementada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), busca fortalecer los controles para prevenir el blanqueo de capitales en el sector inmobiliario, particularmente en zonas de alta plusvalía como las regiones costeras, que son atractivas para inversionistas nacionales y extranjeros.
El especialista en derecho inmobiliario, Fausto Adrián Bañuelos, destacó que esta nueva clasificación podría tener un impacto significativo en el mercado inmobiliario costero. Según Bañuelos, la inclusión de estas operaciones en la lista de actividades vulnerables implica un endurecimiento en los procesos de compra y venta de propiedades, especialmente para extranjeros, quienes enfrentarán mayores requisitos de cumplimiento, como la presentación de reportes detallados sobre el origen de los fondos utilizados en las transacciones. Esto podría incrementar los costos asociados a la adquisición de inmuebles, incluyendo honorarios notariales y gastos relacionados con auditorías financieras.
El sector inmobiliario es la segunda industria más productiva en entidades costeras como Quintana Roo, solo por detrás del turismo, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En 2024, el Producto Interno Bruto (PIB) del sector inmobiliario en México representó aproximadamente el 12% del PIB nacional, con un valor estimado de 3.5 billones de pesos. Las zonas costeras, como Cancún, Playa del Carmen y Puerto Vallarta, concentran una gran cantidad de inversiones en propiedades de lujo y vacacionales, lo que las convierte en un blanco potencial para actividades ilícitas, incluyendo el lavado de dinero.
La UIF, en su informe más reciente de 2025, reportó que el sector inmobiliario ha sido identificado como uno de los principales canales para el blanqueo de capitales en México, junto con el sector financiero y el comercio exterior. La nueva regulación exige que los agentes inmobiliarios, notarios y demás involucrados en transacciones de propiedades costeras reporten operaciones sospechosas y cumplan con estrictas medidas de debida diligencia. Esto incluye verificar la identidad de los compradores, el origen lícito de los recursos y, en algunos casos, obtener autorización previa de la SHCP para ciertas transacciones.
Bañuelos advirtió que estas medidas, aunque necesarias para combatir el lavado de dinero, podrían representar un "bache" para la industria inmobiliaria en regiones costeras. La mayor carga administrativa y los costos asociados podrían desincentivar a algunos inversionistas, especialmente extranjeros, que representan un porcentaje significativo del mercado en destinos turísticos. Según la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), en 2024, aproximadamente el 30% de las transacciones inmobiliarias en Quintana Roo involucraron a compradores extranjeros, principalmente de Estados Unidos y Canadá.
Por otro lado, las autoridades han enfatizado que estas medidas son cruciales para proteger la economía mexicana y garantizar la transparencia en un sector vulnerable. La UIF ha señalado que, en los últimos cinco años, se han detectado operaciones inmobiliarias sospechosas por un valor superior a los 50,000 millones de pesos, muchas de las cuales involucraban propiedades en zonas costeras.
En conclusión, la inclusión de las propiedades costeras en la lista de actividades vulnerables al lavado de dinero refleja el compromiso de México con los estándares internacionales de prevención de blanqueo de capitales, como los establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Sin embargo, el impacto en el mercado inmobiliario y en la atracción de inversión extranjera será un tema a seguir de cerca en los próximos meses, mientras los actores del sector se adaptan a las nuevas regulaciones.