Propietarios de terrenos de Isla Blanca preparan defensa legal contra inminente expropiación
Esta disputa cobra mayor relevancia porque la zona de Isla Blanca forma parte de los planes prioritarios de las secretarías federales de Turismo y Economía.
Isla Mujeres.— Un grupo de alrededor de 300 propietarios, entre nacionales y extranjeros, se alista para iniciar acciones legales firmes ante lo que consideran una amenaza de expropiación encubierta en la zona continental de Isla Blanca, área estratégica para la expansión turística del Caribe mexicano.
Los afectados aseguran contar con documentación sólida que respalda su derecho de propiedad: escrituras públicas, historial registral completo, decretos federales emitidos hace más de 50 años, comprobantes de pago de impuesto predial, registros catastrales actualizados, recibos de servicios municipales y concesiones de zona federal marítimo-terrestre que históricamente han reconocido sus terrenos como propiedad privada.
Sin embargo, desde marzo de 2026, un oficio emitido por la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus), a cargo de José Alberto Alonso Ovando, ha generado la suspensión de trámites catastrales, registrales y operaciones inmobiliarias en la zona. Este documento exhorta a dependencias estatales, al municipio de Isla Mujeres, al Registro Público de la Propiedad y del Comercio, a Catastro y al Consejo de Notarios a abstenerse de realizar cualquier movimiento relacionado con estos predios, bajo el argumento de que podrían tratarse de bienes de la Nación.
Los propietarios denuncian que esta medida administrativa se ha aplicado sin una declaratoria formal, resolución definitiva, sentencia judicial ni notificación individual que cambie el estatus jurídico de sus terrenos. Aseguran que esto representa una paralización arbitraria de sus bienes, justo cuando el corredor Cancún-Isla Blanca se perfila como uno de los proyectos de mayor plusvalía en la entidad, impulsado por las administraciones estatal y federal.
Esta disputa cobra mayor relevancia porque la zona de Isla Blanca forma parte de los planes prioritarios de las secretarías federales de Turismo y Economía. La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, han impulsado el corredor Cancún-Isla Blanca como un polo de atracción de inversiones millonarias, con el objetivo de consolidar nueva infraestructura carretera y desarrollar proyectos hoteleros y turísticos de gran escala.
Los propietarios afectados advierten que la incertidumbre generada por la suspensión administrativa podría desincentivar a inversionistas nacionales e internacionales que ya tenían interés en la región, justo cuando el gobierno federal busca detonar esta “nueva frontera” del Caribe mexicano.
Los afectados ya trabajan en una estrategia legal integral para defender sus derechos y reactivar las operaciones normales sobre sus propiedades.
Los propietarios de terrenos señalan que esta situación ocurre precisamente cuando el gobierno estatal y federal aceleran el Corredor Turístico Cancún-Isla Blanca. La obra vial, que ya inició su construcción, contempla la ampliación de la carretera existente de dos a cuatro carriles, con ciclovías, banquetas, alumbrado público y camellón central, a lo largo de aproximadamente 25 kilómetros que conectarán Costa Mujeres con Isla Blanca.
De acuerdo con anuncios oficiales, la primera etapa cuenta con una inversión inicial de más de 183 millones de pesos y el proyecto completo forma parte de un paquete que supera los 2,700 millones de pesos. Las autoridades han presentado esta obra como un detonador de empleo y crecimiento turístico en la región.
Sin embargo, para los afectados esta carrera por el desarrollo se está dando sobre terrenos cuya propiedad privada está siendo cuestionada sin resolución definitiva, lo que genera incertidumbre sobre el futuro de sus inversiones y el propio avance ordenado del proyecto.
Por ahora, los dueños evalúan todas las vías jurídicas disponibles, incluyendo amparos y recursos ante instancias federales, para evitar lo que perciben como una expropiación de facto sin las garantías constitucionales correspondientes. El desenlace de este caso podría marcar un precedente importante sobre la tenencia de la tierra en una de las zonas de mayor potencial económico de Quintana Roo.