Protestan en Tulum por privatización de facto de las playas en el Parque Nacional del Jaguar
En la zona hotelera, el panorama es igualmente alarmante. De los múltiples accesos que alguna vez existieron, solo dos permanecen funcionales: uno en Punta Piedra y otro al norte de la localidad.
Tulum.— Un grupo de ciudadanos locales y residentes extranjeros se congregó este domingo en Tulum para protestar contra las crecientes restricciones al libre acceso a las playas, un derecho garantizado por el artículo 127 de la Ley General de Bienes Nacionales, que establece que las zonas costeras mexicanas son de uso común y no pueden ser privatizadas. La manifestación, centrada en el Parque Nacional del Jaguar y la zona hotelera, expuso cómo la expansión turística y la vigilancia privada están marginando a la población local y a trabajadores temporales, en un contexto de creciente desigualdad en el acceso a los recursos naturales.
La protesta puso en el centro del debate la dificultad para ingresar gratuitamente a las playas de Tulum, especialmente dentro del Parque Nacional del Jaguar, una reserva creada en 2022 para proteger la biodiversidad, pero que, según los manifestantes, ha sido utilizada como pretexto para limitar el paso de ciudadanos. Los asistentes denunciaron que las autoridades exigen a los trabajadores temporales —muchos de los cuales llegan de comunidades cercanas por temporadas de tres o cuatro meses— cambiar su residencia oficial a Tulum para evitar pagar cuotas de entrada al parque.
En la zona hotelera, el panorama es igualmente alarmante. De los múltiples accesos que alguna vez existieron, solo dos permanecen funcionales: uno en Punta Piedra y otro al norte de la localidad. Otros puntos de entrada han sido bloqueados o están custodiados por seguridad privada que, según los manifestantes, opera bajo el argumento de que las playas son “privadas”. Esta narrativa, aunque contraria a la legislación mexicana, se ha normalizado en Tulum, donde la proliferación de hoteles y condominios de lujo ha transformado el paisaje costero en un espacio cada vez más exclusivo.
El artículo 127 de la Ley General de Bienes Nacionales es claro: las playas, incluida la zona federal marítimo-terrestre, son bienes nacionales de uso común, y su acceso debe ser libre y gratuito. Sin embargo, en Tulum, como en otros destinos turísticos de México, este derecho se ve erosionado por prácticas que, aunque no formalmente legales, operan con impunidad. La vigilancia privada, las cuotas disfrazadas de “conservación” y la falta de accesos públicos funcionales son estrategias que, según los manifestantes, benefician a los desarrolladores turísticos a costa de los derechos de la ciudadanía.
El Parque Nacional del Jaguar, que abarca más de 2,500 hectáreas de selva y costa, ha sido señalado como un caso paradigmático. Aunque su creación fue promovida como una medida de conservación, los manifestantes argumentan que se ha convertido en un mecanismo para restringir el acceso a las playas bajo el pretexto de proteger el medio ambiente.
Tulum, alguna vez un refugio bohemio, se ha consolidado como uno de los destinos turísticos más exclusivos del mundo, impulsado por la llegada de cadenas hoteleras, celebridades y proyectos inmobiliarios. Este auge, sin embargo, ha traído consigo una profunda desigualdad. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el municipio de Tulum experimentó un crecimiento poblacional del 15% entre 2015 y 2020, acompañado de un aumento en los costos de vida que ha desplazado a comunidades locales. La gentrificación y la especulación inmobiliaria han exacerbado las tensiones, y el acceso a las playas se ha convertido en un símbolo de esta lucha por el espacio público.
Una baja participación en la protesta de este domingo, aunque notoria en comparación con movilizaciones previas que lograron reunir a decenas de personas, no opaca la urgencia del reclamo. Algunos asistentes atribuyeron la escasa asistencia al miedo a represalias, la falta de difusión y un creciente desencanto tras años de luchas sin resultados tangibles.
La manifestación en Tulum no solo visibiliza una problemática local, sino que pone sobre la mesa un debate nacional: ¿hasta qué punto el modelo de desarrollo turístico en México respeta los derechos de su población? Mientras las playas de Tulum se convierten en un lujo reservado para unos pocos, los manifestantes insisten en que la lucha por el acceso libre y equitativo debe continuar. La pregunta que queda en el aire es si las autoridades locales y federales actuarán para hacer valer la ley o si, como temen los ciudadanos, la privatización de facto seguirá avanzando en silencio.