Radiografía del desorden urbano: 88 Desarrollos boletinados y más de 400 asentamientos irregulares en Quintana Roo
El secretario también destacó el Programa de Vivienda para el Bienestar, integrado por Infonavit, FOVISSSTE y CONAVI, dirigido a diferentes segmentos poblacionales.
Cancún.— Quintana Roo enfrenta una compleja “grieta social” en materia urbana, con 88 desarrollos inmobiliarios irregulares boletinados por la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (SEDETUS), más de 400 asentamientos irregulares diseminados por el estado —desde grandes como Nuevo Noh-Bec en Playa del Carmen hasta pequeños grupos de 8-10 casas en la selva— aunque solo 2-3 denuncias interpuestas en el sur (Chetumal, Mahahual, Bacalar) y otras 2-3 en el norte, priorizando la conciliación antes de acciones legales, según reveló Jorge Alberto Alonso Obando, titular de SEDETUS. En entrevista, el funcionario enfatizó la recomendación clave para compradores: “recomendamos mucho y tenemos mucha intensidad en ello, en que la gente que quiera adquirir una propiedad en Quintana Roo acuda por profesionales inmobiliarios certificados por nosotros, porque ellos saben o al menos tienen la preparación y lo han estudiado y tienen la educación profesional continua para entender todas esas situaciones y asesorar bien a la gente”.
En paralelo a estos desafíos, SEDETUS avanza en la actualización de programas de desarrollo urbano para cubrir todo el estado. Alonso Obando detalló que se trabaja en iniciativas para Mahahual, Puerto Morelos, Isla Mujeres, Cozumel, Playa del Carmen, Tulum y Chetumal, con el objetivo de que “al término de la administración de la gobernadora [Mara Lezama] queden sujetas a un programa de desarrollo urbano, pues todas las ciudades de Quintana Roo y gran parte del territorio”. Esto incluye el seguimiento de proyectos estratégicos del gobierno estatal, buscando un ordenamiento territorial más sustentable.
El secretario también destacó el Programa de Vivienda para el Bienestar, integrado por Infonavit, FOVISSSTE y CONAVI, dirigido a diferentes segmentos poblacionales. Para Infonavit, se planean firmar 43,600 viviendas en el estado durante el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, de las cuales 9,200 ya están en construcción y algunas próximas a concluirse, con una cartera adicional de 35,000 en revisión. FOVISSSTE aún no inicia en Quintana Roo, mientras que CONAVI, enfocado en no derechohabientes con ingresos de uno a dos salarios mínimos, construirá 10,000 viviendas en cinco años, con un avance del 16%: 1,020 en Cancún, 488 en Felipe Carrillo Puerto y 88 en Chetumal. “Con CONAVI se van a hacer 10,000 viviendas en los próximos todo lo que lo que les he dicho se va a hacer en 5 años en el periodo de administración de la presidenta Sheinbaum”, explicó Alonso Ovando.
Estas viviendas se distribuirán en todas las ciudades del estado, dependiendo de la donación de terrenos por gobiernos estatales y municipales, ya que “CONAVI funciona con donación de tierra”. El costo se ha reducido a alrededor de 600,000 pesos por unidad, gracias a la eliminación de trámites gubernamentales y ajustes de constructores: “hay un sacrificio de todos, porque también los constructores que están entrando al programa están ajustando mucho sus precios hacia abajo”.
En cuanto a la regularización, de los 88 boletinados, algunos entran en proceso de revisión o regularización, pero otros no proceden por estar en áreas de conservación o fuera del PDU: “hay unos que pues definitivamente en este momento no se puede regularizar porque están ofreciendo terrenos en lugares donde la densidad es cero”. SEDETUS ha fortalecido su inspección con 12 inspectores cubriendo el estado, realizando clausuras y operativos conjuntos con SEMA, la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente y Profepa. Un caso emblemático es un desarrollo en Solimán, asegurado por violaciones ambientales y urbanas, con orden de demolición judicial, aunque el proceso legal continúa.
Alonso Ovando subrayó que SEDETUS actúa como “la última defensa” antes del Registro Público de la Propiedad, verificando cumplimiento mediante un “dictamen de viabilidad”. Para los compradores afectados, el mensaje es claro: “tienen que hacer acciones en contra de la empresa que les vendió de manera irregular, sin tener los permisos”. La secretaría busca regularizar asentamientos existentes donde ya vive gente, pero frena nuevos en zonas no permitidas, como Isla Mujeres continental, Chetumal, Puerto Aventuras y Mahahual, donde proliferan ofertas ilegales para residencias de nivel medio-alto.