Red de fraudes millonarios amenaza el sueño turístico en Quintana Roo
Este escándalo no solo pone en jaque la confianza en el sector inmobiliario, sino que amenaza la atracción de inversiones a Quintana Roo
Chetumal.- Una supuesta estafa de 4.5 millones de pesos por la venta de terrenos en Calderitas ha destapado una presunta red de despojos que opera con descaro en destinos turísticos clave como Bacalar, Cozumel, Tulum, Cancún y Mahahual. Los responsables, según denuncias, se escudan en documentos falsificados con sellos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la complicidad de notarías, como la número 109 de Chetumal, para engañar a inversionistas nacionales y extranjeros. Este escándalo no solo pone en jaque la confianza en el sector inmobiliario, sino que amenaza la atracción de inversiones a Quintana Roo, un estado que depende en gran medida del turismo.
Juan Cortés y Jessica Urías, empresarios de la Ciudad de México, narraron en conferencia de prensa su calvario tras adquirir dos predios entre los kilómetros 4.0 y 4.5 de la carretera Calderitas-Oxtankah, con la intención de desarrollar un proyecto turístico con bungalows y albercas que generaría empleos locales. “Confiamos en los documentos avalados por Sedatu y en el notario. Hicimos la transferencia, pero al iniciar las obras, los verdaderos dueños aparecieron”, relató Cortés, visiblemente frustrado. Las denuncias, presentadas en septiembre de 2024 ante la Fiscalía General de Quintana Roo (carpetas 5351/2024 y 5352/2024), no han avanzado, y los empresarios aseguran que las autoridades les dan largas. “Cada vez que preguntamos, hay excusas. Queremos justicia y que la gobernadora Mara Lezama intervenga”, exigió Urías.
El caso de Cortés y Urías no es aislado. Según Jesús Contreras, presidente del Colegio de Abogados de Cancún, esta red de estafadores ha defraudado a al menos 10 víctimas en 2024 y 2025, con un daño estimado en más de 100 millones de dólares en terrenos de alta plusvalía. Los responsables, identificados como Leonardo Álvarez Campusano, Emanuel y Eduardo Sarsosa, junto con una abogada de Sedatu cuyo nombre no se reveló, operan con una estrategia clara, ofrecen predios a precios atractivos, presentan documentos falsos y formalizan las transacciones ante notarías cómplices. “Es un esquema sofisticado que aprovecha la confianza de los inversionistas y la inacción de las autoridades”, afirmó Contreras. Los agraviados han recurrido a amparos en juzgados federales ante la falta de avances en las investigaciones estatales.
El impacto de estas estafas va más allá de las víctimas individuales. Quintana Roo, motor económico del sureste mexicano, enfrenta un riesgo reputacional que podría ahuyentar a inversionistas en un momento en que la región busca consolidarse como un polo de desarrollo turístico sostenible. La lentitud de la Fiscalía, encabezada por Raciel López Salazar, y las amenazas reportadas por los denunciantes contra quienes persisten en sus demandas legales, evidencian un preocupante clima de impunidad. “Nos han amenazado para que desistamos, pero no vamos a parar”, advirtió Urías.
La inoperancia de la Fiscalía de Quintana Roo en este caso refleja un problema sistémico en la procuración de justicia en el estado. La falta de avances en las carpetas de investigación, sumada a la presunta complicidad de notarías y funcionarios, sugiere una red de corrupción que opera con impunidad en un sector clave para la economía local. Si bien el gobierno de Mara Lezama ha promovido iniciativas para atraer inversión, la ausencia de un sistema judicial eficiente y transparente podría socavar estos esfuerzos. La Sedatu, por su parte, debe aclarar cómo se están utilizando sus sellos en documentos fraudulentos, ya que esto compromete la credibilidad de una institución federal. Este caso no solo exige una investigación exhaustiva, sino también medidas urgentes para restaurar la confianza en el mercado inmobiliario y proteger a los inversionistas que apuestan por Quintana Roo.
Quintana Roo ha experimentado un auge inmobiliario en los últimos años, impulsado por el turismo y proyectos como el Tren Maya. Sin embargo, la falta de regulación efectiva en la venta de terrenos y la proliferación de esquemas fraudulentos han generado una ola de denuncias en destinos de alta demanda. En 2024, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reportó un incremento del 15% en quejas relacionadas con fraudes inmobiliarios en el estado, lo que subraya la magnitud del problema. La intervención de las autoridades, tanto locales como federales, será crucial para frenar esta red y evitar que el sueño turístico de Quintana Roo se convierta en una pesadilla para los inversionistas.