Cancún.- El negocio ya no es robar celulares. Es robar perros. Entre dos y tres casos diarios de desaparición de perros de pedigrí o de buena raza se reportan en Cancún. No se pierden: los roban incluso dentro de sus propias casas para después cobrar la recompensa que los dueños desesperados ofrecen.
Lo advierte Sara Rincón Gallardo, presidenta de la Sociedad Protectora de Animales Luum Balicheo A.C.
“Se están ‘perdiendo’ muchos perros de raza fina en Cancún”, dijo. “Siempre ha habido bandas que se dedican a robar o secuestrar caninos, para después pedir recompensa”.
A su agrupación le llegan, todos los días, dos o tres reportes de perros robados. Y esa es solo su cifra.
“Pero esto es solamente la cifra que yo conozco; faltan los reportes que se hacen a otras agrupaciones o a las autoridades”, señaló.
Basta abrir Facebook: el feed está saturado de carteles de “Se busca”. Postes, paredes y bardas tapizadas con fotos de huskies, french, labradores, pug. Durante meses hubo una manta en la zona del Crucero donde ofrecían 25 mil pesos por un labrador llamado Oso.
El delito no tiene zona. Ocurre en todas las regiones y supermanzanas, de forma generalizada.
El modus operandi es simple: se llevan al perro, esperan a que la familia publique el anuncio con gratificación, y aparecen como “rescatistas” para cobrar.
Pero hay un segundo mercado: los trasladan a Mérida o Chetumal para venderlos, o los explotan como reproductores en criaderos clandestinos para vender las crías.
“En muchas ocasiones lo hacen para obtener la recompensa, sin embargo también sucede que se los llevan a otras ciudades para venderlos”, explicó Rincón Gallardo.
La activista denunció que, además, continúan las peleas de perros en el polo turístico sin que las autoridades intervengan. Solo su agrupación recibe al día al menos 11 reportes de perritos atropellados, envenenados o maltratados.
El robo de una mascota no es solo un delito patrimonial. En Quintana Roo se cruza con la ley de protección animal, que castiga el maltrato y la explotación con 6 meses a 3 años de prisión y multas de 25 a 300 días de salario.