Cancún.— Un juez federal condenó a José Isidro Santamaría Casanova, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Quintana Roo, a 16 años, 10 meses y 15 días de prisión por trata de personas en la modalidad de explotación sexual. La sentencia, dictada el 12 de noviembre, fue confirmada este martes por el fiscal general del estado, Raciel López Salazar, durante la conferencia semanal del Gabinete de Seguridad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República, Santamaría era propietario de dos bares en Cancún (municipio de Benito Juárez). Allí, mujeres extranjeras eran obligadas a prestar servicios sexuales mediante engaños y amenazas relacionadas con su situación migratoria irregular. Las víctimas enfrentaban la retención de sus pasaportes, cobros y multas por los gastos de su traslado a México, y los establecimientos cobraban directamente a los clientes por los servicios. Los hechos se remontan a 2019, cuando se rescataron decenas de mujeres (incluyendo un operativo en el que se localizaron 51 extranjeras en uno de los locales).
Santamaría ya había sido detenido por este delito en 2019 y permaneció varios años en prisión preventiva. En 2022 obtuvo libertad condicionada con la obligación de firmar periódicamente, pero incumplió las medidas, lo que derivó en su reencarcelamiento.
También enfrenta proceso por homicidio
De forma paralela, Santamaría está vinculado a proceso desde noviembre de 2025 por el delito de homicidio calificado (como presunto autor intelectual) en agravio de Luis Fernando Peón Cardín, un colaborador de la CTM asesinado en julio de 2018. Los hechos se relacionan con una acusación previa de robo de dinero y joyas en las oficinas del sindicato. Por este caso permanece bajo prisión preventiva, y aún no hay sentencia definitiva. La detención de 2025 ocurrió cuando se presentaba a una audiencia federal relacionada con el proceso de trata.
Pese a estos procesos, hasta el momento no se había anunciado oficialmente su destitución como dirigente de la CTM en la entidad. El caso combina un proceso federal (trata) ya sentenciado y uno del fuero común (homicidio) que continúa en trámite, lo que mantiene al dirigente cetemista privado de su libertad en Cancún.


