Tragedia en Leona Vicario: El hallazgo de dos cuerpos destapa la crisis de desaparecidos en Quintana Roo
La FGE no ha proporcionado detalles sobre las causas de los decesos ni sobre posibles líneas de investigación
Lázaro Cárdenas.- El pasado 21 de abril, un hallazgo macabro estremeció a los habitantes de Leona Vicario, una localidad del municipio de Puerto Morelos. Los cuerpos sin vida de Osbert Nicolás de Atocha Valle Pinzón y Fernando Hermosillo Curiel, reportados como desaparecidos desde el 10 de abril en Kantunilkín, municipio de Lázaro Cárdenas, fueron encontrados dentro de una bolsa negra en una zona verde de la región. La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó el descubrimiento tras una operación de rastreo, pero el caso, lejos de ser un hecho aislado, pone en evidencia la alarmante crisis de desapariciones que azota al estado y la lentitud de las autoridades para brindar justicia.
Un hallazgo que no cierra heridas
Según el comunicado oficial de la FGE, los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) en Benito Juárez para su identificación, un proceso que culminó con la entrega de los restos a sus familiares. La institución destacó la labor coordinada con el Grupo Interinstitucional y el uso de "herramientas técnicas, científicas y de gabinete" para localizar a las víctimas. Sin embargo, el discurso oficial contrasta con la realidad: la localización de los cuerpos, 11 días después de la denuncia, no representa un triunfo, sino un recordatorio de los vacíos en la prevención y la investigación de desapariciones en Quintana Roo.
El hecho de que los cuerpos fueran encontrados en una bolsa negra, un método comúnmente asociado a ejecuciones del crimen organizado, levanta serias preguntas sobre las circunstancias de las muertes. La FGE no ha proporcionado detalles sobre las causas de los decesos ni sobre posibles líneas de investigación, lo que alimenta la desconfianza de una sociedad que, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), ha visto desaparecer a más de 2,300 personas en Quintana Roo desde 2007 hasta octubre de 2024. De estas, al menos 1,400 siguen sin ser localizadas.
Contexto de una crisis ignorada
Quintana Roo, conocido por sus playas y su auge turístico, vive una realidad paralela marcada por la violencia y la impunidad. La región ha experimentado un incremento en delitos de alto impacto, incluyendo homicidios y desapariciones, en parte ligados al control de rutas del narcotráfico y la trata de personas. Kantunilkín, una localidad rural en el municipio de Lázaro Cárdenas, no es ajena a esta dinámica. Su ubicación estratégica, cercana a corredores clave como la carretera Cancún-Mérida, la convierte en un punto vulnerable para actividades ilícitas.
El caso de Osbert y Fernando no es el primero en la zona. En 2023, la FGE reportó al menos 15 casos de personas desaparecidas en Lázaro Cárdenas, de los cuales solo una tercera parte fueron resueltos con la localización de las víctimas, vivas o muertas. La falta de recursos, la corrupción y la burocracia han sido señaladas por colectivos de búsqueda como obstáculos para esclarecer estos casos. Organizaciones como el Colectivo Verdad, Memoria y Justicia han denunciado que las autoridades suelen clasificar las desapariciones como "ausencias voluntarias" para evitar investigaciones profundas, dejando a las familias en un limbo de incertidumbre.
Un sistema que no da respuestas
La FGE presume un enfoque basado en el "respeto y trato digno" a las víctimas, pero este discurso suena vacío para quienes enfrentan la indolencia del sistema. La localización de los cuerpos, aunque necesaria, no equivale a justicia. Hasta el momento, no hay información pública sobre avances en la investigación de los responsables, un patrón recurrente en casos similares. En un estado donde la tasa de impunidad supera el 90%, según el Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías 2023, la esperanza de esclarecimiento es mínima.
El hallazgo en Leona Vicario también resalta la precariedad de las labores de búsqueda. Mientras la FGE celebra su "intensa labor de investigación", son las familias y los colectivos quienes, con recursos limitados, suelen liderar los esfuerzos para localizar a los desaparecidos. La dependencia en operativos institucionales, que a menudo llegan tarde, refleja un sistema que no prioriza la vida ni la seguridad de sus ciudadanos.
Un llamado a la acción
La muerte de Osbert Nicolás de Atocha Valle Pinzón y Fernando Hermosillo Curiel no puede reducirse a una nota más en la estadística de la violencia. Sus nombres deben ser un recordatorio de que Quintana Roo, detrás de su fachada turística, enfrenta una crisis humanitaria que exige respuestas urgentes. Es imperativo que la FGE transparente las investigaciones, que se fortalezcan los mecanismos de búsqueda y que se combata la impunidad que permite que estos crímenes se repitan.
Mientras las familias lloran a sus seres queridos, la sociedad quintanarroense merece algo más que comunicados oficiales: merece justicia, verdad y un compromiso real para que nadie más desaparezca en la oscuridad de una zona verde.
Con información de: InZoom.mx