Tren Maya arrastra múltiples demandas: enfrenta medio centenar de litigios activos
El Tren Maya comenzó operaciones el 15 de diciembre de 2023 y, desde su fase constructiva, ha enfrentado una cascada de acusaciones que aún no se resuelven.
Cancún.— A casi dos años de su inauguración, el Tren Maya —proyecto insignia del ex presidente Andrés Manuel López Obrador— sigue sin resolver sus conflictos judiciales y acumula 51 procedimientos legales activos. Según datos de la Coordinación General Jurídica y de lo Contencioso de Tren Maya, S.A. de C.V., dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), persisten 12 juicios de amparo relacionados con expropiaciones y temas ambientales, tres juicios de nulidad por terminación anticipada de contratos y negativa de pago, y una impugnación al avalúo de un terreno por donde transita el ferrocarril.
Además, está en curso un juicio civil ambiental iniciado tras la notificación a la autoridad militar el 7 de agosto de 2025, aunque este podría ser desestimado debido a la reciente reforma en amparos, que exige que el demandante sea el directamente afectado.
La infraestructura, una de las prioridades del anterior sexenio, arrastra múltiples demandas por distintas razones, dos años después de su entrada en operaciones.
En paralelo, cuatro juicios agrarios impulsados por comunidades campesinas reclaman la devolución de tierras e indemnizaciones por las expropiaciones realizadas durante las obras.
Por último, 31 juicios laborales involucran a exempleados que alegan despidos injustificados o responsabilidad solidaria del patrón.
El Tren Maya comenzó operaciones el 15 de diciembre de 2023 y, desde su fase constructiva, ha enfrentado una cascada de acusaciones que aún no se resuelven.
En 2022, en plena edificación, se registraron hasta 321 denuncias y amparos contra la obra.
La cantidad de litigios ha disminuido por varias causas, entre ellas la clasificación gubernamental del Tren Maya como asunto de seguridad nacional, medida que —según colectivos— complica el cumplimiento de resoluciones judiciales y la rendición de cuentas.
Otro factor es la prolongación de los procesos atribuida a las defensas de la Semarnat y Fonatur-Tren Maya, señaladas por dilatar los trámites.
Los recursos financieros también han sido un impedimento para los demandantes. Organizaciones como SOS Cenotes han recurrido a crowdfunding para solventar gastos legales.
El colectivo habilitó una campaña en GoFundMe con aportes desde 100 pesos. “Rechazamos que un proyecto de esta escala avance, se construya e incluso opere sin estudios públicos, sin acatar la ley, violando derechos humanos de los habitantes de la zona y causando daños ambientales y culturales graves”, declaró en 2022 Camila Jaber, ingeniera en recursos hídricos y miembro de SOS Cenotes.
El Tren Maya recorre 1.525 kilómetros a través de cinco entidades del sureste: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Sus rieles cruzan selvas con ríos subterráneos, cuevas, cenotes y una rica biodiversidad.
Los hábitats alterados por la obra albergan fauna silvestre, incluidas especies amenazadas como el jaguar.
Pese a la multitud de juicios que el gobierno federal ha enfrentado para proteger la megaobra, no existe un monto público detallado sobre los gastos en litigios específicos contra el Tren Maya.
Los desembolsos en honorarios de abogados, peritajes y otros conceptos legales no se reportan de forma transparente ni separada del presupuesto global del proyecto.
Solo se conoce un caso concreto: la Sedena perdió un juicio por rescisión contractual, con un impacto superior a 86 millones de pesos. El gobierno federal clasifica la información sobre estos costos como reservada, invocando razones de “seguridad nacional”.