Tren Maya: Expropiaciones en el sureste desatan polémica por derechos y ecología
El Gobierno Federal expropia 234,291.03 m² en Quintana Roo, Chiapas, Campeche y Yucatán para el Tren Maya, incluyendo tres predios en Puerto Morelos y Tulum
Chetumal.- El Gobierno Federal de México ha intensificado las expropiaciones para el Tren Maya, un megaproyecto que promete transformar el sureste del país, pero que sigue generando controversia. El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó un decreto que expropia 234,291.03 metros cuadrados de terrenos privados en Quintana Roo, Chiapas, Campeche y Yucatán, destinados a los tramos 1, 2, 3, 4 y 6 del proyecto. En Quintana Roo, tres predios en Puerto Morelos (111.95 m²) y Tulum (388.81 y 719.45 m²) fueron afectados, incluyendo construcciones e instalaciones. Además, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) declaró de utilidad pública 44,447.31 m² adicionales, con 2,323.01 m² en Playa del Carmen, 961.73 m² en Othón P. Blanco y 2,999.96 m² en Bacalar, para infraestructura relacionada.
Contexto: Un proyecto ambicioso bajo escrutinio
El Tren Maya, con un costo estimado de 200,000 millones de pesos y un recorrido de 1,554 km, busca conectar Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo para impulsar el turismo y el desarrollo económico. Sin embargo, su ejecución ha sido criticada por organizaciones como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), que reportan la deforestación de 6,659 hectáreas, equivalente a casi diez veces el Bosque de Chapultepec, sin autorizaciones adecuadas de cambio de uso de suelo. La contaminación de acuíferos y la destrucción de cenotes también han sido denunciadas, con el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza calificando el proyecto como un “ecocidio y etnocidio” por su impacto en la selva maya y comunidades indígenas.
Las expropiaciones, como las recientes en Quintana Roo, han avivado el descontento. En 2023, el gobierno expropió 750,734 m² en la región, incluyendo 60,000 m² en Quintana Roo, y en 2024, 381,126 m² adicionales en cinco estados. Los propietarios tienen 15 días hábiles para presentar objeciones ante Sedatu, pero las indemnizaciones, valuadas por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), han sido cuestionadas. Por ejemplo, en Bacalar, un ejido recibió 8.28 millones de pesos por 3.13 hectáreas, mientras en Campeche un terreno de 85 m² fue valuado en apenas 5,160 pesos, lo que equivale a 60.7 pesos por metro cuadrado. Ejidatarios de Quintana Roo, como los de Bacalar, han denunciado pagos insuficientes, recordando casos históricos como la Carretera 307, donde indemnizaciones de 94,000 a 1 millón de pesos por hectárea fueron consideradas injustas.
Análisis: ¿Desarrollo a cualquier precio?
El Tren Maya se presenta como un motor de desarrollo, pero su costo social, ambiental y económico es innegable. Posts en X reflejan el malestar: algunos lo califican de “catástrofe económica y ambiental”, destacando que en 2025 generó pérdidas de más de 3,400 millones de pesos frente a ingresos mínimos. La falta de consultas indígenas adecuadas, exigidas por el Convenio 169 de la OIT, y la militarización de la región para supervisar la obra agravan las tensiones. Además, la opacidad en los procesos de expropiación y la percepción de valuaciones arbitrarias erosionan la confianza en las instituciones.
El proyecto avanza, pero las preguntas persisten: ¿es posible conciliar el desarrollo con el respeto a los derechos de propiedad y la preservación ambiental? Mientras el gobierno acelera las expropiaciones, los afectados exigen justicia y transparencia, y el sureste mexicano enfrenta un futuro incierto entre promesas de progreso y un legado de controversia.