Tren Maya: la selva sacrificada y un futuro urbano bajo la lupa
El impacto no se limita a la superficie. Expertos en hidrogeología de la UNAM, han documentado cómo la perforación de pilotes para sostener las vías del tren ha dañado el manto acuífero
Playa del Carmen.- El Tren Maya, uno de los proyectos insignia del gobierno mexicano, sigue dejando cicatrices profundas en la península de Yucatán. Lo que comenzó como una promesa de desarrollo y conectividad regional se ha convertido, para muchos, en un símbolo de devastación ambiental. José Urbina, conocido como Pepe Tiburón y miembro del colectivo SelvaMe del Tren, advierte que el daño ya infligido a la selva y los ecosistemas locales podría ser solo el preludio si no se frena la especulación inmobiliaria y la falta de planeación que acompaña al megaproyecto.
El ecocidio, como lo califican los ambientalistas, no es una exageración. Según reportes verificados, la construcción del Tren Maya ha implicado la tala de más de 3 millones de árboles en tramos clave, según datos recabados por organizaciones como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA). La selva, hogar de especies endémicas como el jaguar y el mono araña, ha sido fragmentada, alterando corredores biológicos esenciales para su supervivencia. Urbina señala un nuevo riesgo: en redes sociales ya proliferan anuncios de terrenos en venta cerca de las estaciones del tren, una fiebre especulativa que podría convertir áreas protegidas en desarrollos urbanos descontrolados. Esto no solo amenaza la biodiversidad, sino que pone en jaque los esfuerzos de conservación que durante décadas han buscado preservar el equilibrio de la región.
El impacto no se limita a la superficie. Expertos en hidrogeología, como los del Instituto de Geofísica de la UNAM, han documentado cómo la perforación de pilotes para sostener las vías del tren ha dañado el manto acuífero, una red subterránea vital que conecta los cenotes y provee agua a comunidades locales. Estas intervenciones, mal calculadas, podrían alterar los flujos de agua y facilitar la contaminación de uno de los sistemas hídricos más importantes de México. La pregunta que surge es inescapable: ¿cómo se permitió avanzar un proyecto de esta magnitud sin estudios de impacto ambiental exhaustivos y transparentes?
A la par, la planeación urbana del Tren Maya levanta críticas contundentes. Lejos de ser un motor de desarrollo para las comunidades locales, el proyecto ha generado más problemas que soluciones. Calles destruidas por el paso de maquinaria, interrupciones en el suministro de agua y una falta de mejoras tangibles en infraestructura pública son quejas recurrentes en localidades como Playa del Carmen y Felipe Carrillo Puerto. Urbina lo resume con claridad: “No hay beneficios reales para la gente de aquí. Lo que vemos es una lógica de destrucción que prioriza el turismo masivo y el lucro inmobiliario sobre el bienestar de las comunidades y la naturaleza”.
El Tren Maya, cuya inversión supera los 200 mil millones de pesos según cifras oficiales, no puede deshacer el daño ya causado. Sin embargo, lo que está en juego ahora es el futuro. Permitir que la especulación inmobiliaria y la improvisación urbanística dicten el rumbo de la región sería multiplicar un error histórico. Las autoridades, tanto federales como estatales, enfrentan un desafío urgente: regular el desarrollo en torno a las estaciones, garantizar la restauración de los ecosistemas afectados y, sobre todo, escuchar a las comunidades y científicos que han alzado la voz desde el inicio. Como sentencia Pepe Tiburón, “el gran daño ya está hecho, pero lo que venga puede ser aún peor si no actuamos con responsabilidad”. La selva, los cenotes y las comunidades de la península merecen más que promesas: exigen acciones concretas para sanar las heridas de un tren que, por ahora, avanza dejando tras de sí más preguntas que respuestas.
Contexto adicional
El Tren Maya, inaugurado parcialmente en diciembre de 2023, busca conectar cinco estados del sureste mexicano a lo largo de 1,554 kilómetros. Aunque el gobierno lo presenta como un detonante económico, informes de la Auditoría Superior de la Federación han señalado irregularidades en su ejecución, incluyendo sobrecostos y falta de cumplimiento en normativas ambientales. Organizaciones locales e internacionales, como Greenpeace y Amnistía Internacional, han documentado afectaciones a comunidades indígenas y áreas protegidas, mientras que la oposición de colectivos como SelvaMe del Tren sigue creciendo en un intento por frenar lo que consideran un desastre ecológico y social.
Con información de: Quadratín