Playa del Carmen.— Un turista colombiano con residencia en Canadá (Quebec) denunció públicamente, a través de un video en redes sociales, que permaneció retenido aproximadamente seis horas por elementos de la policía municipal de Playa del Carmen y que, según su relato, tuvo que entregar su tarjeta bancaria (Desjardins) y su NIP para que le retiraran 9,500 pesos y así recuperar su libertad.
De acuerdo con el testimonio del afectado, lo subieron a una patrulla, lo llevaron a los separos sin informarle con claridad el motivo de la detención ni seguir un proceso formal, y después de varias horas le dijeron que para salir debía pagar una “multa” de 9,500 pesos. Al indicar que solo contaba con tarjetas, los elementos le habrían pedido la tarjeta y el código para retirar el dinero ellos mismos. Además, le indicaron que, si alguien le preguntaba, declarara una cantidad menor (alrededor de 5,500 pesos).
Estas acusaciones, graves y verificables mediante el movimiento bancario, los registros de las cámaras corporales (la administración municipal anunció en abril la llegada de 424 dispositivos, parte de ellos con transmisión en vivo), los reportes de la unidad y la identidad de los oficiales involucrados, exigen una investigación inmediata y transparente.
La presidenta municipal Estefanía Mercado y el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana tienen la obligación de dar la cara. ¿Se revisarán de inmediato las cámaras corporales y el video del C4? ¿Se identificarán y separarán de sus funciones a los elementos señalados mientras se aclara el caso? ¿Se cotejará el movimiento bancario y se publicará el resultado? Hasta ahora no hay respuesta oficial clara ni documentos que expliquen el motivo de la detención ni el pago.
El caso no es aislado en el discurso oficial. Mercado ha repetido en múltiples ocasiones que “ningún funcionario está por encima de la ley” y que no tolerará extorsiones ni abusos de poder, especialmente tras la reciente detención del alcalde de Puerto Aventuras por presunta extorsión agravada. Sin embargo, las denuncias ciudadanas contra policías municipales persisten, y la administración ya ha tenido que suspender a decenas de elementos por quejas. Cuando quienes deben proteger a turistas y residentes son señalados de cobros ilegales y retención arbitraria, el problema deja de ser un hecho aislado y se convierte en un cuestionamiento directo a la supervisión y al control de la corporación bajo el gobierno municipal actual.
Playa del Carmen vive del turismo. Una imagen de policía que genera miedo en lugar de confianza daña la economía local y la reputación del destino. La investigación debe ser pronta, pública en sus resultados y con consecuencias reales si se comprueba la responsabilidad. No basta con anuncios de inversión en cámaras y bonos a la policía si los abusos siguen ocurriendo sin sanción visible.
