Universidad del Bienestar en Tihosuco: un año sin clases y sin ninguna explicación, reportan alumnos y padres de familia de Felipe Carrillo Puerto
El origen del conflicto se remonta a una protesta de egresados que exigían la entrega de sus títulos profesionales, un problema recurrente en varias sedes de las UBBJ.
Felipe Carrillo Puerto.— Más de 200 estudiantes de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJ) en la comunidad de Tihosuco, municipio de Felipe Carrillo Puerto, llevan casi un año sin recibir clases. Desde agosto de 2024, las actividades académicas en esta sede están paralizadas, dejando a jóvenes de diversas carreras, como Enfermería, en un limbo educativo que pone en riesgo su futuro profesional.
El origen del conflicto se remonta a una protesta de egresados que exigían la entrega de sus títulos profesionales, un problema recurrente en varias sedes de las UBBJ. Estudiantes y padres de familia, como Francisco Elías Mezo, padre de una estudiante afectada que estaba por iniciar el tercer semestre de la carrera de enfermería, han recurrido a las redes para exponer sus casos.
“Nunca nos dieron un aviso de nada, ya estuvimos tocando puertas, pero nadie nos da explicaciones”, afirmó Elías Mezo, evidenciando una falta de comunicación y transparencia por parte de las autoridades educativas.
El incidente que desencadenó esta crisis ocurrió cuando Raquel de la Luz Sosa Elizaga, directora general de las UBBJ, fue retenida por un grupo de estudiantes y padres de familia en Tihosuco. La protesta, que buscaba la entrega inmediata de títulos, escaló hasta requerir la intervención de la Policía Estatal y la Guardia Nacional. Sin embargo, la situación se complicó aún más con la participación de ejidatarios locales, quienes, según testigos, aprovecharon el conflicto para presionar por demandas propias, desviando el foco de las necesidades estudiantiles.
Las Universidades para el Bienestar, un proyecto impulsado por el gobierno federal desde 2019, tienen como objetivo brindar educación superior gratuita a comunidades marginadas. En Quintana Roo, existen cinco sedes: una en Lázaro Cárdenas, otra en Solidaridad, una más en Othón P. Blanco y dos en Felipe Carrillo Puerto, incluyendo la de Tihosuco. No es la primera vez que estas instituciones enfrentan críticas. En 2023, reportes de medios locales señalaron irregularidades similares en la entrega de títulos, con egresados esperando hasta dos años para recibir su documentación, un retraso que afecta su inserción laboral y su derecho a continuar estudios de posgrado.
La situación en Tihosuco expone una falla estructural en la gestión de las UBBJ. La falta de respuesta de las autoridades, tanto a nivel federal como local, agrava el problema. Francisco Elías Mezo señaló que ha buscado apoyo en el municipio, pero le han indicado que es “competencia de la Federación”. Incluso intentó gestionar una audiencia con la presidenta municipal, Mary Hernández, sin éxito hasta el momento. Este juego de responsabilidades deja a los estudiantes sin soluciones concretas, evidenciando una desconexión entre las instancias gubernamentales.
El impacto de esta parálisis educativa es profundo. Para comunidades como Tihosuco, de raíces mayas y con altos índices de marginación, el acceso a la educación superior es una herramienta clave para romper ciclos de pobreza. Sin embargo, la interrupción de clases no solo retrasa la formación de estos jóvenes, sino que también erosiona la confianza en un programa que prometía ser una alternativa incluyente. La intervención de actores externos, como los ejidatarios, añade una capa de complejidad, reflejando las tensiones sociales y políticas que suelen converger en este tipo de conflictos.
La crisis en Tihosuco no es un caso aislado, sino un síntoma de los desafíos que enfrentan las UBBJ a nivel nacional. Según datos oficiales, hasta 2024, el programa cuenta con más de 140 sedes en el país, atendiendo a miles de estudiantes. Sin embargo, reportes periodísticos han documentado problemas recurrentes, como la falta de infraestructura adecuada, la precariedad laboral de los docentes y, precisamente, los retrasos en la titulación. Estos inconvenientes contrastan con el discurso oficial que celebra las UBBJ como un éxito de la política educativa.
Mientras tanto, los estudiantes de Tihosuco siguen esperando respuestas. La falta de clases no solo representa un año perdido, sino también un golpe a sus aspiraciones. Urge que las autoridades, tanto de la UBBJ como del gobierno federal, asuman su responsabilidad y prioricen soluciones inmediatas. De lo contrario, el proyecto de las Universidades para el Bienestar corre el riesgo de convertirse en una promesa incumplida para las comunidades que más lo necesitan.