Victoria Ciudadana en Bacalar: Juez suspende definitivamente construcción de casa de descanso de SEDENA en la Laguna de los 7 Colores
Este dictamen judicial no solo congela un proyecto polémico, sino que subraya las crecientes tensiones entre el desarrollo impulsado por el gobierno y la protección del patrimonio natural
Bacalar.— En un fallo histórico para la defensa ambiental en México, un Juez de Distrito en Quintana Roo ha concedido la suspensión definitiva contra la construcción de la casa de descanso de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en la zona federal de la Laguna de Bacalar. La resolución, emitida este viernes, detiene de manera inmediata las obras, respondiendo a un amparo promovido por Proyecto Justicia Común (PROJUC) y Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano, A.C. (DMAS).
Este dictamen judicial no solo congela un proyecto polémico, sino que subraya las crecientes tensiones entre el desarrollo impulsado por el gobierno y la protección del patrimonio natural y los derechos de las comunidades. Desde marzo de 2025, los habitantes de Bacalar se habían movilizado pacíficamente para denunciar la ilegalidad de la obra, una estructura hotelera levantada frente al histórico Fuerte de San Felipe. Las principales quejas se centraban en la ausencia de una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y la omisión de una consulta pública, requisitos legales fundamentales que, según los denunciantes, fueron flagrantemente ignorados.
La demanda de amparo, interpuesta por PROJUC y DMAS, se centró en la inacción de las autoridades federales, estatales y municipales para salvaguardar el medio ambiente, supervisar el uso del suelo y prevenir daños a la Laguna de Bacalar, un ecosistema de incalculable valor y fragilidad. Los señalamientos incluían la "aprobación irregular" de una exención de MIA por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la falta de supervisión ambiental por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y las autoridades municipales, así como la ejecución directa de las obras por parte de la SEDENA sin la debida autorización ambiental.
El fallo de hoy no es un simple tecnicismo legal; es un grito de victoria para la sociedad civil organizada y un precedente crucial en el ámbito de la justicia ambiental en México. La suspensión definitiva no solo protege la Laguna de Bacalar de una amenaza inminente, sino que también envía un mensaje contundente: los proyectos gubernamentales, por más estratégicos que se consideren, no pueden operar al margen de la ley ni ignorar los derechos y el bienestar de las comunidades locales.
La resolución, que obliga a detener la obra mientras se resuelve el juicio de amparo de fondo, pone en relieve la importancia de la participación ciudadana y la vigilancia de las organizaciones civiles frente a decisiones que impactan directamente el equilibrio ecológico y los derechos humanos. Este caso en Bacalar podría ser un catalizador para futuras acciones legales y un recordatorio para las autoridades de que la sostenibilidad ambiental y la participación ciudadana son pilares irrenunciables en el desarrollo del país. La atención ahora se centra en el desenlace del juicio de amparo y si este precedente sentará las bases para una mayor rendición de cuentas en proyectos de infraestructura a nivel nacional.
El día de hoy, 6 de junio de 2025, un Juez de Distrito del Estado de Quintana Roo concedió la suspensión definitiva contra la construcción de la casa de descanso de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en la zona federal de la Laguna de Bacalar. Esta resolución judicial obliga a que se detenga la obra mientras se resuelve el juicio de amparo de fondo, por representar una amenaza grave al equilibrio ecológico y los derechos humanos de la comunidad.
Desde marzo de 2025, habitantes de Bacalar se han movilizado pacíficamente para denunciar que la obra hotelera, iniciada por la SEDENA justo frente al Fuerte de San Felipe, comenzó sin contar con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ni con consulta pública a la comunidad, lo cual constituye una violación a las leyes ambientales y a los principios de participación ciudadana.
A instancias de Proyecto Justicia Común (PROJUC) y Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano, A.C. (DMAS), se promovió una demanda de amparo indirecto por la omisión de las autoridades federales, estatales y municipales de proteger el medio ambiente, vigilar el uso del suelo y prevenir daños a la Laguna de Bacalar, un ecosistema único y frágil.
Entre los actos reclamados se encuentran la aprobación irregular de una exención de MIA por parte de la SEMARNAT, la falta de vigilancia ambiental por parte de la PROFEPA y autoridades municipales, así como la ejecución directa de las obras por parte de la SEDENA sin autorización ambiental.
Este fallo representa una victoria legal y ciudadana para la defensa ambiental en México, y un precedente clave para impedir que proyectos gubernamentales se desarrollen fuera del marco legal y sin tomar en cuenta los derechos de las comunidades.