Violencia vicaria en Cancún: Abuela retiene a nieto en medio de disputa familiar; madre desesperada busca Justicia

Desde el 8 de agosto, la madre ha presentado denuncias en Cancún y Mérida

Cancún.— Karla Andrea González Claverie, una madre de 30 años residente en Cancún, ha hecho pública su denuncia en redes sociales contra su propia familia materna, acusándolos de ejercer violencia vicaria al retener ilegalmente a su hijo de 11 años desde el pasado 5 de agosto. El caso, que involucra a su madre Natividad N., su padre Carlos N. y su hermano Rogelio N., resalta las grietas en el sistema de protección infantil.

González Claverie, quien se separó recientemente de su expareja por diferencias personales y presiones familiares relacionadas con el “origen y estilo de vida” de este, dejó temporalmente a su hijo al cuidado de su abuela materna y su madre en la Ciudad de México para finalizar el ciclo escolar del menor y estabilizarse laboralmente en Cancún. “Con mucho miedo y tristeza, confié en ellas solo hasta que terminara la escuela. Mi hijo volaría conmigo después”, relata en su testimonio compartido con el Colectivo Femenil Xtabay Quintana Roo, que le brinda acompañamiento jurídico.

Sin embargo, el 5 de agosto, al informar a su madre sobre el boleto de avión ya comprado, recibió un mensaje devastador: Natividad N. había interpuesto una demanda por la guarda y custodia del niño, alegando supuestos maltratos por parte del expareja de Karla –quien, aclara la madre, no es el padre biológico pero actúa como figura paterna sin afectar la integridad del menor–. “Me bloquearon todo contacto. Mi hijo ya no está en la Ciudad de México; lo llevaron sin mi consentimiento a Mérida, a casa de mi papá, y luego a Cancún, con mi hermano”, detalla González. Afirma que su madre falsificó documentos en su nombre para viajar con el niño, violando su custodia legal.

Rogelio N., gerente de ventas en la cadena Ocean Spa con años de experiencia, hospeda actualmente al menor en su domicilio en Cancún, donde Natividad reside sin empleo ni propiedad propia. “Esto es una pesadilla. Mi familia me acosa como madre y mujer, negándome comunicación con mi hijo”, denuncia Karla, quien ha enfrentado discusiones previas por prejuicios clasistas.

Una búsqueda frustrada por Justicia

Desde el 8 de agosto, González Claverie ha presentado denuncias en Cancún y Mérida, así como quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (CDHEQROO), el Sistema DIF Quintana Roo, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Fiscalía de la Mujer. Sin embargo, no hay avances: “No hay policía de investigación asignada. El GEAVYG (Grupo Especializado en Atención a la Violencia contra las Mujeres y Género) visitó el domicilio, pero dijo que primero deben ‘escuchar’ por qué mi mamá no quiere devolverlo, ignorando mi custodia”, critica.

Aun cuando la demanda de Natividad fue rechazada en los Juzgados de lo Familiar por no responder a una prevención legal, el niño permanece retenido. Este caso ilustra la violencia vicaria –reconocida en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como daño indirecto a través de hijos para someter a la madre–, pero aplicada aquí por abuelas y familiares, un patrón emergente en disputas intrafamiliares.

Contexto: El alza de la violencia vicaria en Quintana Roo

Quintana Roo tipificó la violencia vicaria en agosto de 2022, incorporándola al Código Penal como delito que incluye sustracción, retención o manipulación de menores para dañar a la madre. Sin embargo, colectivos como la Red de Víctimas Quintanarroense reportan 75 casos en 2023, con un aumento del 50% en la zona norte (Cancún y Playa del Carmen), atribuido a desvinculaciones familiares y falta de capacitación judicial. En 2025, se han documentado más incidentes, como el de Lucero –una víctima de retención transfronteriza entre Quintana Roo y Yucatán– y la primera sentencia por este delito en junio.

Expertos como Angélica Amaro, presidenta del Colegio de Abogados de Cancún, enfatizan que la violencia vicaria surge frecuentemente en divorcios o custodias, requiriendo pruebas como audios, exámenes psicológicos o videos. En México, la ley federal la define como acción u omisión para separar a la madre de sus hijos, provocando daño psicoemocional, y ya es delito en 22 entidades. No obstante, lagunas legales y machismo en fiscalías permiten impunidad, especialmente cuando involucran tráfico de influencias, como en casos de Yucatán y Quintana Roo.

Apoyo colectivo y llamado a autoridades

Karla ha contactado a más de 30 organizaciones, incluyendo la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (dirigida por Mara Lezama), Semujeres Quintana Roo, el Consejo de Protección a Defensoras de Derechos Humanos (Heyden Cebada Rivas), el Gobierno de Quintana Roo (Cristina Torres), Madres Buscadoras de QRoo A.C., Alianza de Madres Protectoras contra la Violencia Vicaria y el Frente Nacional contra Violencia Vicaria. “Solicito su intervención urgente para devolverme a mi hijo, salvaguardando sus derechos y los míos”, urge.

El Colectivo Femenil Xtabay Quintana Roo, que recibe su historia, exige una investigación inmediata y la devolución del menor, destacando: “Las leyes protegen a niños y mujeres, pero aquí priorizan a la abuela sobre la custodia materna”. El caso llega en un momento crítico, con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) impulsando reformas federales para fortalecer la tipificación.

Mientras Karla espera respuestas, su testimonio resuena como alerta: la violencia vicaria no solo destruye vínculos materno-filiales, sino que perpetúa un ciclo de trauma en familias enteras. Las autoridades de Quintana Roo tienen la obligación de actuar con perspectiva de género y priorizar el interés superior del niño, según la Convención sobre los Derechos del Niño.