¿Y Beto Borge? Diputados de la XVIII Legislatura exigen cuentas al fiscal anticorrupción por el caso del ex gobernador de Quintana Roo
La petición surge tras el reciente amparo obtenido por el ex mandatario, reavivado el debate sobre la justicia en casos de corrupción de alto perfil.
Chetumal.— Diputados metieron una solicitud ante la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la XVIII Legislatura del Congreso de Quintana Roo para que el fiscal Anticorrupción, Edgar Ramírez Morales, comparezca y rinda cuentas sobre los avances en las investigaciones contra el exgobernador Roberto Borge Angulo. La petición surge tras el reciente amparo obtenido por el ex mandatario, reavivado el debate sobre la justicia en casos de corrupción de alto perfil.
Roberto Borge, quien gobernó Quintana Roo entre 2011 y 2016, enfrenta acusaciones graves por peculado, lavado de dinero y delincuencia organizada. Desde marzo de 2023, permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Psicosocial de Ayala, Morelos, tras ser vinculado a proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Según investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), durante su administración se habrían desviado más de 16 mil millones de pesos, una cifra que representaba aproximadamente el 60% del presupuesto estatal de la época. Estos recursos, según las autoridades, fueron canalizados a través de una red de al menos 50 funcionarios y empresas fantasma, en un esquema de corrupción que dejó a Quintana Roo en una profunda crisis financiera.
La solicitud de comparecencia del fiscal Anticorrupción surge en un contexto de escepticismo sobre la eficacia del sistema judicial mexicano para sancionar a exfuncionarios de alto nivel. El amparo recientemente concedido a Borge, que busca sustituir la prisión preventiva por arresto domiciliario, ha generado críticas entre sectores de la sociedad quintanarroense y la clase política. Aunque este procedimiento judicial apenas inicia y podría prolongarse varios años, la posibilidad de que Borge obtenga beneficios procesales ha reabierto heridas en un estado marcado por el saqueo de recursos públicos durante su gestión.
El diputado Ricardo Velasco Rodríguez argumentó que la comparecencia de Ramírez Morales es crucial para garantizar transparencia y eficacia en las investigaciones, especialmente porque el sexenio de Borge es considerado un “sexenio negro” para Quintana Roo. Durante esos años, el estado no solo enfrentó el desvío masivo de fondos, sino también un aumento en la inseguridad y la precarización de servicios públicos, consecuencias directas de la mala gestión y la corrupción. Organizaciones civiles como el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Quintana Roo han respaldado la solicitud legislativa, exigiendo que se esclarezcan los retrasos en los procesos judiciales y se evite la impunidad.
El caso de Borge no es aislado. En México, la lucha contra la corrupción enfrenta obstáculos estructurales, como la lentitud de los procesos judiciales, la falta de coordinación entre instituciones y, en algunos casos, la percepción de protección política a exfuncionarios. Ejemplos como el de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, quien obtuvo una reducción de sentencia, o el de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, quien ha evadido la prisión preventiva, alimentan la desconfianza ciudadana en el sistema de justicia. En este sentido, la comparecencia del fiscal Anticorrupción podría ser un paso hacia la rendición de cuentas, pero también enfrenta el desafío de traducirse en resultados concretos.
Mientras tanto, la ciudadanía de Quintana Roo sigue esperando justicia. El desvío de recursos durante el gobierno de Borge no solo afectó las finanzas estatales, sino que perpetuó desigualdades en un estado donde el turismo es la principal fuente de ingresos, pero los beneficios rara vez llegan a las comunidades más vulnerables. La solicitud de los diputados pone a prueba la voluntad política y la capacidad institucional para enfrentar uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente de Quintana Roo. La pregunta sigue siendo si esta acción derivará en avances reales o se quedará en un gesto más frente a la impunidad.