Ya bájale Estefanía: ONG exige a alcaldesa de Playa del Carmen respetar el hábitat de la fauna y cancelar desarrollos devastadores de especies
En un oficio entregado el 20 de mayo de 2025 a la presidenta municipal y al Cabildo, las ONG señalaron que las construcciones irregulares no solo dañan el medio ambiente.
Playa del Carmen.— Tras la devastación del hábitat de especies protegidas en una obra de construcción en Playacar, que pone en peligro a venados y otros ejemplares, la organización Movimiento Ciudadano Ecológico "Yax Cuxtal" y otros colectivos ambientales exigieron al Gobierno Municipal de Playa del Carmen, encabezado por la presidenta Estefanía Mercado, la implementación urgente de criterios ecológicos integrales en proyectos urbanos.
En un oficio entregado el 20 de mayo de 2025 a la presidenta municipal y al Cabildo, las ONG señalaron que las construcciones irregulares no solo dañan el medio ambiente, sino que afectan la salud pública, aceleran el calentamiento global y perjudican la economía local. Advirtieron que la autorización de desarrollos sin considerar el equilibrio ambiental, la justicia social y climática, avalados por colegios de ingenieros, arquitectos, consultores ambientales y dependencias de desarrollo urbano, carece de criterios de conservación ecológica.
Entre las consecuencias, destacaron el aumento de temperaturas urbanas por el fenómeno de islas de calor y el desplazamiento de fauna silvestre debido a la destrucción de su hábitat. Por ello, demandaron el cumplimiento estricto de normas ecológicas, mecanismos de supervisión más rigurosos y transparentes, así como la profesionalización y sensibilización ambiental en las dependencias municipales. También propusieron incorporar asesores especializados en ecología urbana y cambio climático en la toma de decisiones.
"Las evaluaciones de impacto ambiental deben ser herramientas de prevención, no trámites burocráticos", subrayaron. Advirtieron que otorgar permisos sin visión preventiva compromete el futuro de Playa del Carmen. Finalmente, exhortaron a establecer responsabilidades legales y administrativas contra directores de obra, proyectistas, consultores y funcionarios que incurran en omisiones o delitos ambientales, para garantizar el derecho a un medio ambiente sano.
