Cárcel por Bullying: Peña Nieto manda iniciativa de ley al Congreso para castigo corporal y multa hasta 18MDP a quien fomente la cultura de la violencia; prevé creación de Procuraduría Federal de Protección a Menores

México, D.F.- El presidente Enrique Peña Nieto presentó al Congreso de la Unión una iniciativa preferente en la que sanciona la omisión ante el bullying y multa hasta con 18.8 millones de pesos y castiga hasta con cuatro años de cárcel a quien fomente la cultura de la violencia, lesione los derechos de privacidad de los menores o cometa apología del delito.

Por primera ocasión, el mandatario usó su derecho constitucional a una iniciativa preferente, en la cual propone la creación de una procuraduría federal de protección a los menores, así como el nacimiento del Sistema Nacional de Protección, instancias que se coordinarán con el DIF.

La propuesta del Ejecutivo federal fue entregada ayer al presidente del Congreso General, Silvano Aureoles, por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y turnada al Senado. La iniciativa deberá ser aprobada por el Congreso a más tardar el 30 de octubre.

Se penalizará  bullying con 18 mdp

Plantea sancionar a funcionarios y profesores que no avisen que un niño está siendo objeto de agresión en la escuela.

El presidente Enrique Peña Nieto presentó ayer al Congreso de la Unión una nueva Ley, con carácter preferente, para proteger a los niños, que castiga la omisión frente al bullying e incluye multas de hasta 18.8 millones de pesos y hasta cuatro años de cárcel a quien fomente la cultura de la violencia, lesione los derechos de privacidad de los menores o difunda apología del delito.

Por primera ocasión, el Presidente de la República hizo uso de su derecho constitucional a una iniciativa preferente para proponer la creación de la Procuraduría Federal de Protección a los Niñas, Niños y Adolescentes, así como el nacimiento del Sistema Nacional de Protección, que serán instancias que se coordinarán con el DIF.

Ordena que los padres, tutores o quien ejerza la patria potestad de los menores estarán obligados a garantizar su alimentación, el desarrollo de su personalidad y el ejercicio de sus derechos; hacer que concurran a la escuela, fomentarles el respeto a todas las personas, protegerlos contra toda forma de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, venta, trata de personas y explotación; abstenerse contra cualquier atentado contra su integridad física o mental o actos que menoscaben su desarrollo integral y evitar conductas que puedan vulnerar el ambiente de respeto y generar violencia.

Advierte que los servidores públicos federales, personal docente de instituciones de educación y empleados o trabajadores de establecimientos al control, administración o coordinación de aquéllas, incurrirán en infracción cuando en el ejercicio de sus funciones o actividades o con motivos de ellas, se abstengan de hacer del conocimiento de las autoridades competentes los casos de niñas, niños y adolescentes que sufran o hayan sufrido cualquier forma de violación a sus derechos.

Los trabajadores de establecimientos educativos, deportivos o culturales, así como centros de asistencia social o de cualquier otra índole de jurisdicción federal incurren en infracción en caso de que “no impidan, cuando está dentro sus posibilidades, cualquier tipo de abuso, acoso, agresión, daño, intimidación, violencia, maltrato o perjuicio de que tengan conocimiento” hacia los menores.

Estas conductas se castigarán con multas que de hasta 200 mil pesos. En tanto, los responsables de “la difusión o transmisión de información, imágenes o audios que tengan influencia nociva o perturbadora para el desarrollo integral de niñas, niños o adolescentes, o que promuevan en ellos la violencia, la ausencia de valores o hagan apología del delito”; la violación a la intimidad personal o familiar de los menores serán castigados hasta con multas de nueve millones 420 mil 600 pesos; en caso de reincidencia, se aumentará a 18 millones 841 mil 200 pesos.

Quien no respete la intimidad de los menores, al hacer públicas sus historias y sus nombres sin la autorización de quien ejerza la patria potestad de las niñas, niños y adolescentes, serán castigados con cárcel de dos a cuatro años y multas de 15 mil a 40 mil días de salario mínimo, además de 20 mil días de multa por cada día que se haya transmitido esa información no autorizada.

Crea un catálogo de 17 derechos de los niños, niñas y adolescentes, que son a la vida, de prioridad, a la identidad, a vivir en familia, a la no discriminación, a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, a la protección contra todas las formas de venta, trata de personas, explotación, abuso, abandono o crueldad; a la protección de la salud y a la seguridad social; a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad; a la educación, al descanso y esparcimiento, a la libertad de pensamiento, conciencia, religión y cultura y a la libertad de expresión y de acceso a la información.

La iniciativa, dice en su exposición de motivos, tiene el propósito de que los menores mexicanos cuenten con una mayor protección de sus derechos y los diferentes niveles de gobierno, así como todos los sectores de la sociedad asuman sus responsabilidades frente al interés superior de los niños, niñas y adolescentes y crea el Sistema Nacional de Protección.

La propuesta fue entregada ayer al presidente del Congreso General, Silvano Aureoles, por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y turnada al Senado de la República, quien tendrá 30 días para aprobarla y enviarla a la Cámara de Diputados, que tendrá también 30 días para concluirla.

Con información de Excélsior